La Fiscalía vaticana pide siete años y tres meses de prisión para el cardenal Becciu

El promotor de Justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha revelado las penas que pide la Fiscalía vaticana por la mala gestión de los fondos reservados de la Secretaría de Estado. Si se aplicaran las condenas tal cual se solicitan, los diez imputados sumarían un total de 73 años y un mes de prisión, aparte de otras medidas correctivas. Para el cardenal Angelo Becciu en concreto se piden siete años y tres meses y la devolución de 14 millones de euros. La sentencia final se conocerá antes de Navidad.

Para el resto de investigados, el fiscal Diddi ha pedido el embargo de más de 400 millones de euros y las siguientes estancias en prisión: tres años y ocho meses para René Brülhart (anterior presidente de ASIF, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano); cuatro años y tres meses para Tommaso Di Ruzza (antiguo director de ASIF); cinco años y cuatro meses para Mauro Carlino (sacerdote y anterior secretario del cardenal Becciu); y 13 años y tres meses para Fabrizio Tirabassi (empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado). Además se piden cuatro años y ocho meses para Cecilia Marogna, una colaboradora de Angelo Becciu que recibió medio millón de euros del Vaticano para liberar a la religiosa Gloria Cecilia Narváez de un secuestro en Mali, pero usó gran parte del dinero en bolsos y zapatos de lujo.

También se piden condenas para los inversores que pudieron aprovecharse del Vaticano. Nueve años y nueve meses para Enrico Crasso (el corredor financiero que administró las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas); once años y cinco meses para Raffaele Mincione (un corredor financiero que utilizó parte del dinero de la compra para introducir al Vaticano en un fondo y hacer personalmente inversiones especulativas); seis años para Nicola Squillace (un abogado involucrado en las negociaciones); y siete años y seis meses para Gianluigi Torzi (corredor a quien el Vaticano pidió poder salir del fondo en que le metió Mincione).

Este proceso judicial comenzó a raíz de una investigación de la Oficina del Auditor General del Vaticano tras las denuncias presentadas en marzo de 2019 por el Instituto para las Obras de Religión, el banco del Vaticano. Entonces descubrieron irregularidades en la compraventa fraudulenta de un lujoso edificio de siete plantas en la plaza londinense de Sloane Square. El pretexto de esta operación era realizar una inversión rentable, pero finalmente fue una estafa que supuso una pérdida de 135 millones para la Santa Sede. Además, en vez de realizarse la compra con dinero del Óbolo de San Pedro, se utilizaron fondos reservados de la Secretaría de Estado.