Menos de la mitad del IBEX 35 analiza su impacto en los derechos humanos

La Plataforma por Empresas Responsables pidió este miércoles que durante la presidencia española del Consejo de la UE España lidere la aprobación definitiva de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. A esta petición se sumaron poco antes más de 100 organizaciones latinoamericanas y del Caribe.

Según encuestas de YouGov, 9 de cada 10 españoles está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes. En un encuentro celebrado este miércoles, desde la plataforma se subrayó que los marcos voluntarios no han funcionado. En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 hacen una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos, según un estudio del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

«Como país, y como Unión Europea, no nos podemos permitir que se sigan cometiendo abusos corporativos a manos de empresas europeas y españolas dentro y fuera de nuestras fronteras. El momento de actuar es ahora: España tiene una oportunidad única para impulsar la aprobación de una norma que garantice que todas las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales», afirmó Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables. A esta plataforma pertenecen también las ONG católicas englobadas en Enlázate por la Justicia: Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES.

Explotación de millones de personas

En 2021, más de 28 millones de personas en todo el mundo experimentaron condiciones de trabajo forzoso, de las cuales 4,1 millones de personas están en Europa o Asia Central. El 63 % de las condiciones de explotación laboral tienen lugar en el sector privado.

Además, se estima que 160 millones de niños y niñas trabajan. Solo en los campos de cultivo de cacao en Ghana y Costa de Marfil están empleados 1,5 millones de niños y niñas, realizando tareas peligrosas como manipular productos químicos, utilizar machetes o llevar cargas pesadas. La producción de cacao en estos países supone dos tercios de las importaciones de la UE. En el ámbito medioambiental, la deforestación ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, una superficie equivalente a California. La agricultura comercial es una de las principales causas de este fenómeno.

«Estos datos son solo la punta del iceberg y constatan la necesidad urgente de una normativa europea que obligue a las empresas a prevenir, mitigar y reparar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades», añadió María Bardolet, responsable de Empresas Justas de Oxfam Intermón, entidad integrante de la Plataforma por Empresas Responsables.

Ampliar la directiva

Para garantizar una economía global justa y sostenible de manera efectiva, la Plataforma por Empresas Responsables exigió que la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad se aplique en la totalidad de la cadena global de valor. Pidió asimismo ampliar la lista de sectores considerados de alto riesgo en materia de diligencia debida, como las instituciones financieras y bancarias, e impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia.

«No se trata de un problema local. Las víctimas de los abusos corporativos debemos tener igualdad de acceso a la reparación de los daños causados y a una justicia efectiva. Es urgente y posible establecer soluciones estructurales con el compromiso de todos los actores y todos los países», concluyó la defensora de los derechos humanos brasileña Marina Paula Oliveira. Oliveira fue testigo del caso Brumadinho en Brasil, una negligencia dentro del sector minero que provocó la rotura de una represa. Como consecuencia, 270 personas murieron y se vertieron 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico.