Decenas de miles de vidas salvadas en un año

En una escena que emulaba la vivida un año antes, cientos de manifestantes se dirigieron el sábado pasado al Tribunal Supremo de Estados Unidos para celebrar o protestar por el primer aniversario del fin del derecho constitucional al aborto. Liderando —figuradamente— a quienes lo criticaban estaba el presidente, Joe Biden, que se comprometió a combatir los esfuerzos «extremos y peligrosos» por limitarlo. El 24 de junio de 2022, la sentencia del caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization afirmó que la Constitución no protege el derecho al aborto y dejó su regulación en manos de los estados.

Entre las leyes nuevas y las que estaban bloqueadas y los tribunales han validado, 23 estados de 50 tienen ya normas que impiden el aborto después de las doce semanas de gestación o antes. En 14 desde la concepción y en un par más, desde que su corazón late.

Pero la casuística territorio por territorio pone difícil hacer balance. Muestra de ello es el caso de Iowa, cuya ley de latido fetal sigue paralizada. La norma, de 2018, se bloqueó en 2019 cuando un juzgado alegó que la Constitución estatal —no la federal— amparaba el aborto. La Corte Suprema estatal lo negó el año pasado, pero el 16 de junio no llegó a un acuerdo para levantar el bloqueo. «Consideró que habían cambiado tantas cosas que era necesario que el poder legislativo tomara la iniciativa» con un nuevo proyecto, explica a Alfa y Omega Amy Sinclair, presidenta del Senado estatal. La semana pasada estuvo en España para compartir su experiencia en un encuentro sobre la situación en Estados Unidos organizado por entidades provida. «Vamos a volver a ello», asegura.

Hasta ahora, los cambios se traducen en decenas de vidas salvadas, según estiman tanto los partidarios como detractores del aborto ante la ausencia de un registro fiable. La Sociedad de Planificación Familiar, con datos facilitados por las clínicas, ha calculado que entre julio de 2022 y marzo de 2023 se produjeron 24.290 abortos menos: bajaron en 93.575 donde se ha restringido y solo crecieron 69.285 en otros lugares.

La otra gran prioridad del movimiento provida es que los estados apoyen más a las madres. Ya lo han hecho una docena, incluido Iowa. En Texas, uno de los primeros en prohibir todo aborto salvo si corre peligro la vida de la madre, demócratas y republicanos se han unido para que las mujeres sin seguro médico tengan cobertura sanitaria hasta un año después de dar a luz, pues a nivel federal solo se contemplan dos meses. También se ha obligado a las universidades a dar facilidades a las estudiantes embarazadas o con hijos. Sin embargo, desde Americanos Unidos por la Vida, Clarke Forsythe lamenta que otros estados «no han avanzado nada». Su entidad ha lanzado una campaña para que cualquier mujer pueda dar a luz de forma gratuita. Hacerlo sin seguro cuesta 17.000 euros y con seguro, 2.700.

Los abortistas contraatacan

Los defensores del aborto no se han quedado cruzados de brazos. Los estados permisivos con el aborto —sobre todo en la costa oeste y noreste— se están planteando «pagar el viaje a las mujeres que llegan de otros lugares», explica Tim Millea, presidente del Comité de Política Sanitaria de la Asociación Médica Católica. Al mismo tiempo, en Nueva York, Minnesota, California e Illinois se han intentado tomar medidas contra los centros de atención a la embarazada.

Dentro de su estrategia, juega un papel clave facilitar el acceso a la píldora abortiva a las mujeres de estados con restricciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos allanó el camino y, por ejemplo, Nueva York acaba de proteger legalmente a los médicos que la prescriban de forma telemática. «No se puede hacer mucho para impedir que se compre por correo», admite Millea. Esto supone un riesgo para las mujeres, pues, aunque se afirma que es «más segura que el paracetamol», «hay datos de que es el doble de probable que un aborto químico acabe en una visita a urgencias que si es quirúrgico».

También es peligroso su empeño por «generar confusión con afirmaciones engañosas que equiparan el aborto con el tratamiento de embarazos ectópicos y abortos espontáneos». Como consecuencia, algunos médicos y hospitales tienen miedo a atender estos casos. Millea teme que esta desinformación haga «más daño que bien a las mujeres».

Además, en una docena de estados con leyes restrictivas, algunas confesiones religiosas están protagonizando una nueva ofensiva abortista. Líderes protestantes, judíos y musulmanes, e incluso entidades satanistas, han recurrido las restricciones ante los tribunales. Aseguran que, puesto que sus religiones permiten el aborto —y en el caso de los satanistas lo consideran un ritual sagrado—, a sus fieles se les debería permitir hacerlo por respeto a su libertad religiosa. En Indiana han conseguido bloquear la ley que lo prohibía casi del todo.

Esta guerra se reflejó en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, con resultados contradictorios. En algunos estados se votó en referéndum para ampliar el acceso y se consolidó una mayoría proaborto por la mínima en el Senado. Al tiempo, se reeligió a varios gobernadores provida. «La sentencia no ha aumentado el número de partidarios en cada bando», valora Millea. Pero «sí ha dado energía a ambos» para un debate «cada vez más relevante y más ruidoso». Como concluye Forsythe, «la campaña a favor de la vida es una lucha generacional».