Reino Unido dejará a los refugiados en el limbo

El proyecto de Ley de Migración Ilegal que tramita el Parlamento británico «equivale a prohibir la petición de asilo». Para Sophie Cartwright, responsable de incidencia política del Servicio Jesuita al Refugiado (JRS) en el país, la iniciativa presentada por el Gobierno de Rishi Sunak el 8 de marzo sigue los principios de la Ley de Nacionalidad y Fronteras del año pasado. En teoría, pretenden frenar las llegadas en lanchas y camiones a través del canal de la Mancha y el Eurotúnel, castigando la entrada ilegal incluso si se solicita protección.

Para ello, la ley de 2022 considera inadmisible —ni siquiera se tomará en consideración— toda petición de alguien que haya entrado sin papeles en el país y haya pasado antes por otra nación segura. Esto afecta a la práctica totalidad de posibles refugiados, sobre todo porque muchos llegan desde Francia. El plan era enviarlos a Ruanda, que se comprometió a procesar allí las solicitudes de 1.000 personas a cambio de 140 millones de euros. Pero nadie ha llegado al país africano. El único vuelo que se organizó fue paralizado en junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que los tribunales nacionales resolvieran los recursos presentados. En diciembre, la Corte Suprema británica avaló la medida, pero pueden presentarse más apelaciones y, además, «logísticamente es muy complicado» organizar estos vuelos, explica Cartwright. No habrá a corto plazo, ha tenido que reconocer el propio Gobierno.

El proyecto actual «va aún más lejos». Quien entre en el país «sin autorización» podrá ser llevado a un centro de detención —incluso si es menor— y nunca se le concederá protección. Además, el Gobierno estará obligado a expulsarlo a otro país, separando familias si es preciso, con la prohibición de volver al Reino Unido. «No va a afectar solo a las personas que cruzan el canal de la Mancha», apunta Cartwright, «sino a la mayoría de la gente que llega en avión», por ejemplo, con un visado, y luego solicita asilo.

Viajes más peligrosos

Según los expertos, apunta esta representante del JRS, estas medidas violan la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), que «no penaliza cruzar una frontera sin documentos ni obliga a pedir refugio en el primer país al que se llega». Además, «no hay pruebas de que este tipo de política hostil y de disuasión funcione». Lo demuestran los datos del año pasado, cuando con la primera ley ya en vigor llegaron por el canal de la Mancha 45.755 migrantes, un récord desde que se empezaron a contabilizar en 2018. De hecho, hay datos de que «un enfoque puramente restrictivo de la migración empuja a la gente a hacer viajes más peligrosos» porque genera miedo a pedir ayuda en caso de necesidad.

Por otro lado, a Cartwright le preocupa que el proyecto deje a los solicitantes de asilo «en el limbo». Hasta ahora, si el Gobierno no lograba expulsar a alguien, su caso se procesaba al cabo de un tiempo. El nuevo proyecto lo impide y obliga a la devolución. Pero «mucha gente no podrá ser expulsada» por las dificultades para regresar al país de origen, para enviarla a Ruanda y para negociar otros planes similares. Así, pueden terminar «detenidos indefinidamente en malas condiciones, en lugares como antiguas barracas militares».

«Cuando a dos de cada tres personas que cruzan el canal buscando refugio se les concede después de rigurosos controles, parece impensable rechazarlas», subrayaban 1.450 líderes cristianos en una declaración presentada al Gobierno. Se referían a que, de las 29.150 solicitudes de asilo sobre las que se decidió en 2022, se concedió protección en el 61 % de los casos. Según estos datos, muchas de las personas que llegan al país por esta vía realmente necesitan protección. Por ello, da la impresión de que el Gobierno busca evitar tener que tramitar estos casos. Y para ello incurre en un gasto público que se podría invertir en atender con agilidad las 166.000 solicitudes que siguen sin respuesta.

«Vías legales y seguras»

Esta tendencia de políticas migratorias restrictiva está relacionada con el discurso antiinmigración con el que se justificó en parte el Brexit. Sin embargo, Liam Allmark, analista sobre Migración en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, cree que «este proyecto y los recientes actos de hostilidad», como las protestas violentas y ataques contra los migrantes alojados en un hotel cerca de Liverpool, «no reflejan la bienvenida que mucha gente en Reino Unido desea ofrecer». Desde el JRS también ven ahora una actitud más abierta. Por ello, Cartwright cree que «el Gobierno y los políticos están convirtiendo a personas vulnerables en cabezas de turco» de la actual crisis. Pero no ve presión social detrás de este proyecto.

Los británicos, alega, han recibido bien los planes para acoger a ucranianos, afganos o hongkoneses. Son las famosas «vías legales y seguras» en las que se escuda el Gobierno. «Hay que celebrarlas»; pero «ayudan a un número limitado de personas de países concretos», matiza Allmark. En 2022 se concedieron visados a 223.000 ucranianos. Pero el resto beneficiaron solo a otras 5.636 personas necesitadas de protección. Los obispos han pedido más mecanismos de este tipo. Es una de las reivindicaciones recogidas en el documento Amad al forastero, presentado como respuesta al proyecto de ley.

También se han pronunciado en contra de la Ley de Migración Ilegal un centenar de entidades que trabajan con menores. No se trata solo, como señala Cartwright, de una norma que «da poder al Gobierno para detener de forma indefinida a niños» y para expulsarlos —aunque no obliga a ello como en el caso de los adultos—. Además, denuncian estas entidades, «crea un sistema de atención a los niños no acompañados segregado» del de protección a la infancia, sin ofrecerles «un hogar, seguridad» y ayuda para «recuperarse de los traumas».