La derogación de la sedición, puro cálculo político

Buena parte de la atención política y mediática se centra estos días en la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición antes de que termine el año. La idea es sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, con lo se reducirá el castigo impuesto por el Tribunal Supremo a las cabezas del procés. En la reforma del Código Penal —de la que ahora se debatirán las enmiendas—, previsiblemente también se incluirá la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de rebajar el delito de malversación cuando el dinero público se destine a otros fines sin lucro personal.

Casi nadie hubiera reprochado al Ejecutivo que abriera un debate sereno sobre el Código Penal y las limitaciones de un delito que, por cierto, busca defender la soberanía nacional y el buen funcionamiento de la democracia española. El problema, y ahí se produce la mayor crítica, es que Sánchez se ha echado en brazos de los nacionalistas por cálculos políticos cortoplacistas. Ha olvidado que «la grandeza política se muestra cuando se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo», como señala el Papa. Y el daño, lamentablemente, puede ser profundo y duradero.