Un buen modelo de residencias, pero sin financiación

Parece que la política ha escuchado a la doctrina social de la Iglesia, al menos en el fondo, al proponer un nuevo modelo de cuidados para personas mayores en residencias. De hecho, hace tan solo unas semanas, el Consejo Territorial de Servicios Sociales —presidido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra— aprobó los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios en este sector, que introduce importantes cambios. Entre las medidas más significativas se encuentran la limitación de plazas —75,90 o 120 en función de si es zona rural, de densidad media o urbana—, la creación de las unidades de convivencia dentro de las residencias, el aumento de profesionales o la eliminación de las sujeciones físicas y químicas.

Según explica a este semanario José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se trata «de un buen modelo», pues avanza en la dirección señalada tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Unión Europea, que reclaman «avanzar en la transformación de los cuidados de larga duración». Un cambio que implica, continúa en conversación con Alfa y Omega, «más atención domiciliaria y menos residencial», pues es «donde la gente quiere estar» y donde «se permite la participación de la comunidad: vecinos, redes de apoyo, voluntarios…». Pero esto no quiere decir que haya que cerrar las residencias, sino transformarlas: «Tienen que dejar de ser residencias hospitalarias para parecerse mucho más a un hogar, con un comedor, una sala de estar y las habitaciones. Esto son las unidades de convivencia, que tendrán como mucho 15 habitaciones, de las que el 65 % tendrán que ser individuales».

Al margen de tener «un tamaño humano» y estar en zonas pobladas, de modo que «no se conviertan en guetos», García Navarro destaca los cambios en el modelo de atención, que «ya no es en serie, sino adaptado a la persona». Además, se incluye a la familia en las decisiones, se suprimen las sujeciones y se designa un gerocultor de referencia para cada persona». Los criterios comunes aprobados también recogen la necesidad de que cada residencia tenga un plan de coordinación con los servicios sanitarios, así como un profesional de referencia si tienen más de 30 plazas. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología viene insistiendo desde hace años en la necesidad de activar una estrategia nacional de atención sanitaria en residencias.

Desde Lares, donde se integran las residencias gestionadas por congregaciones religiosas y otras ONG, su presidente, Juan Ignacio Vela, reconoce que «se sienten cómodos con este modelo». «Las entidades de Iglesia y del tercer sector siempre hemos trabajado centradas en la persona. Es algo que está intrínsecamente relacionado con la doctrina social de la Iglesia. En cualquier caso, no existe un único modelo de atención integral centrado en la persona», explica en conversación con este semanario. Está de acuerdo en lo fundamental, aunque no entiende que se apueste por un número concreto de personas por unidades de convivencia y, si estas existen, por qué es tan determinante la limitación del tamaño del propio centro. Aunque valora de forma positiva que en la elaboración de este documento se haya seguido un proceso de participación, se muestra poco optimista a la hora de que se llegue a cumplir. Expone principalmente dos razones: una política y otra económica.

La política tiene que ver con que los criterios se aprobaron en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales por la mínima —diez votos frente a nueve—, con todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha en contra. Algo que para Vela supondrá que estos territorios no vayan a aplicar las nuevas medidas. De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que aplicará su propio modelo. Para el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología todas las autonomías estás obligadas a cumplirlas, tal y como se desprende de la Ley de Dependencia, que dice que los criterios mínimos se fijan en el citado consejo. Además, el acuerdo incluye una especie de condicionamiento en el artículo 37, pues afirma que la financiación dependerá del grado de cumplimiento del mismo.

El problema más importante, sigue Vela, es la financiación, pues «se calcula que la memoria económica que se presentó solo cubre el 4 %» y advierte del impacto que puede tener en sus residencias, pequeñas y pensadas para personas especialmente vulnerables. «Tememos que el incremento de personal y condiciones y, por tanto, del coste de las plazas concertadas, lo tenga que asumir el ciudadano. Nuestros residentes son personas con pocos recursos, migrantes… Una cosa es querer un modelo y otra implantarlo. No estamos en contra, pero nuestro Estado quizá no tiene los recursos para este cambio», añade.

Desde la Fundación Empresarial de la Dependencia —que reúne a empresas del sector— han a sido muy críticos con la ministra Belarra y su propuesta. De hecho, han señalado en numerosas ocasiones que lo que debería ser «una norma básica, es una reforma radical y de máximos». «Criticamos que se quiera implantar el mejor modelo que se da en Europa a precios de España», explica su presidente, Ignacio Fernández-Cid, en la web de la entidad.

Por su parte, García Navarro añade que hay margen para mejorar la financiación, pues nuestro país solo destina el 0,7 % del PIB a los cuidados de larga duración, cuando la media de la UE es del 1,5 % y la de los países más ricos, los de nuestro entorno, del 2,5 %. «Estamos infrafinanciando este sector y por eso tenemos la calidad que tenemos. Hay que poner más dinero. No hay otra», concluye.

Con todo, Vela recuerda que el sector tiene muchos más retos: la necesidad de 40.000 trabajadores, mejores sueldos, la masculinización del sector… «Necesitamos personas que cuiden y dignificar el sector. El del cuidado es un elemento esencial y de los que más reconocimiento social puede tener», concluye el presidente de Lares.