El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el prouecto Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que tiene a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la «acción política» del Gobierno y que según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos, informa EFE. Ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gobierno, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Una de las cuestiones relevantes es la definición de las víctimas, entre las que el proyecto incluye a aquellas que «sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas», aunque no hace referencia a los católicos asesinados –sacerdotes, religiosos y laicos– ni a los que cometieron esos crímenes.

Amplio catálogo de medidas

El texto contempla, además, un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que «ha mejorado», según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo Fiscal.

Entre ellas, según ha explicado el ministro, se encuentran la obligación del Estado de acometer las labores de recuperación de los restos de los desaparecidos o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Eso sí, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

Valle de los Caídos

Otra de las medidas del proyecto de ley de Memoria Democrática tiene que ver con la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave. Esto supone que la comunidad benedictina tendrá que abandonar el lugar y que el Gobierno deberá establecer un nuevo marco jurídico a través de un real decreto. Este determinará la organización, el funcionamiento y el régimen patrimonial. En cualquier caso, está previsto que la Iglesia siga presente allí.