El 25 de marzo, Día Internacional de la Vida, el Congreso votó la Ley de la Eutanasia. Paradojas… El texto ha sido aprobado sin pasar por el Consejo de Estado y omitiendo al Comité de Bioética, que elaboró un documento muy minucioso y profundo contra el mismo. Hay que recordar que la Asociación Médica Mundial, en su asamblea de 2019 en Tiflis (Georgia), reiteró su máximo respeto a la vida, oponiéndose firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Algo que está en armonía con la Organización Médica Colegial española, que, en el capítulo sexto de su código ético, dice: «El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este». A su vez, la ley es incompatible con el artículo 15 de la Constitución y con pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Existiendo una alternativa ética como los cuidados paliativos, el legislador ni los muestra ni los desarrolla. Habría que implementar estudios a nivel nacional, superiores o universitarios, de cuidados paliativos. Si la comunidad sanitaria desconoce o tiene poca formación en esta materia, a los pacientes y familias se les roba la posibilidad de optar por unos cuidados ética y técnicamente correctos.
Esta ley nos afecta a todos y crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes: a las personas más frágiles –todos seremos frágiles tarde o temprano– nos deja sin alternativa y no aborda la grave situación de los pacientes vulnerables. Para muchos, la ley ofrece o vivir con sufrimiento o la muerte.
El texto, ya publicado en el BOE, convierte al médico en ejecutor y, si se aplica, se romperá la relación de confianza necesaria entre el médico, el enfermo y sus familiares, provocando «la mayor crisis de la medicina», en palabras del doctor Gómez Marcos, pionero de los cuidados paliativos. En este sentido, plantea dilemas de conciencia a los médicos que se oponen a la eutanasia y se debería hacer una relación de médicos eutanasiadores a los que acudir en caso de quererla.
En definitiva, la ley es una ignominia de este Gobierno, incapaz de progresar hacia una sociedad en la que todos cuenten.
*El autor del artículo es firmante de este escrito contra la Ley de la Eutanasia que quieren llevar al Tribunal Constitucional.