El dinero de EE. UU. «nunca viene solo»
Una organización de Costa Rica que asesora a las mujeres para abortar en casa se podría beneficiar de los fondos de ayuda sanitaria al desarrollo gracias al Gobierno de Biden
El año de servicio Caminando con las mamás necesitadas, convocado por la Conferencia Episcopal Estadounidense, no terminará este jueves (Día Internacional de la Vida) como estaba previsto. La pandemia ha impedido a muchas diócesis y parroquias completar en esta fecha la puesta en marcha de planes para acompañar a madres con problemas y embarazadas que pueden plantearse el aborto. Además, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca hace dos meses ya presenta nuevos desafíos.
Dentro del país, en sus primeros días de mandato ordenó revisar la norma aprobada por Trump para impedir que los fondos federales para el programa de planificación familiar se destinaran a entidades que deriven a las mujeres a centros abortistas. Esta medida había llevado a la entidad abortista Planned Parenthood a retirarse del programa.
Sin embargo, la medida que más repercusión va a tener a nivel mundial es revertir la política de Ciudad de México. Esta norma, de la época de Reagan, prohíbe que los fondos para promover la salud en terceros países (unos 9.500 millones de dólares) se entreguen a entidades que promuevan el aborto. Al igual que todos los presidentes demócratas, Biden la eliminó en sus primeras horas de mandato. Pero además, su partido tiene la oportunidad de aprobar una ley que la destierre de forma permanente.
Iniciativa legislativa
«El dinero nunca viene solo, sino con un programa político detrás», denuncia Luis González, miembro de la Comisión Nacional de Bioética, que asesora a la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Para él, lo más probable es que los nuevos fondos beneficien sobre todo a la Asociación Demográfica Costarricense, vinculada a la Federación Internacional de Planned Parenthood (IPPF por sus siglas en inglés). Esta entidad «asesora al Gobierno en materias de política pública» como la inclusión de contenidos relacionados con salud sexual y reproductiva en el currículo escolar. Además su informe de 2007 sobre supuestos abortos clandestinos, financiado por IPPF, está siendo utilizado por la plataforma Aborto Legal Costa Rica para impulsar una iniciativa legislativa popular a favor del aborto presentada este mes.
También trabajan directamente con mujeres embarazadas. Pero no para ofrecerles atención ni seguimiento médico durante el embarazo, o ayudas económicas «y esperanza» para combatir «la pobreza, que en Iberoamérica es la primera causa del aborto». Al contrario, «están especializados en la no reproducción», incluyendo el aborto químico. No lo practican «porque aún no es legal», pero «dan instrucciones a las mujeres de cómo hacerlo comprando en las farmacias anticonceptivos de emergencia, que son legales».
En Burkina Faso (330 muertes maternas por 100.000 nacidos) hace falta mejor atención médica, concienciar sobre «cómo manejamos los impulsos sexuales, enseñar a espaciar los nacimientos y respetar la vida humana», afirma la religiosa y enfermera Béatrice Kanyala al ser preguntada por la posible ayuda de EE. UU..