Muere un niño inmigrante de 9 años en la frontera de EE. UU.

Muere un niño inmigrante de 9 años en la frontera de EE. UU.

El incremento de las llegadas agrava la crisis migratoria, mientras el Gobierno de Biden no avanza al ritmo de las expectativas generadas

María Martínez López
Niños inmigrantes
Familias inmigrantes descansan después de cruzar Río Grande. Foto: Adrees Latif / Reuters

El pasado sábado, agentes de la sección de Del Río de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos recibieron el aviso de que había tres inmigrantes inconscientes en una isla en medio del Río Grande. Al llegar a la zona, comprobaron que se trataba de una mujer y sus dos hijos, de 3 y 9 años. La madre y el niño pequeño no tardaron en responder a los primeros auxilios de los guardias, que al mismo tiempo los habían trasladado a tierra firme. Pero por el hijo mayor no pudieron hacer nada. Los médicos del hospital de Eagle Pass tuvieron que certificar su muerte, de la cual no se han dado más datos.

El caso se hizo público este jueves mediante un comunicado de este cuerpo de seguridad. Según el mismo, la madre de los niños procedía de Guatemala, pero ellos habían nacido ya en México. Es decir, la mujer había abandonado su país hace casi una década. Se desconoce si al principio se estableció en México y solo recientemente puso rumbo a Estados Unidos; o si este había sido siempre su meta.

Llegadas sin precedentes en 20 años

Desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, las entradas de inmigrantes al país han aumentado de forma muy significativa. En febrero, los agentes fronterizos interceptaron a 100.414 personas. Un dato que, de mantenerse, arrojaría este año un saldo total como no se había visto desde los años 2000 y 2001. Entre ellos se encuentran unos 5.000 niños que la patrulla fronteriza tiene bajo custodia, y otros 15.000 menores no acompañados que se encuentran retenidos en centros del Departamento de Sanidad.

Los colectivos de apoyo a inmigrantes han criticado las condiciones en las que se tiene retenidos a los menores no acompañados, así como que se siga obligando a los solicitantes de asilo a permanecer en México. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Biden el 20 de enero, acababa oficialmente con el programa Permanecer en México. Y, aunque a las personas que llevaban meses asentadas en la frontera después de haber solicitado asilo se les ha permitido acceder al país de forma escalonada, no está ocurriendo lo mismo con los recién llegados. Por ello algunos recurren a cruzar la frontera de forma ilegal.

Desde el Partido Republicano se achaca la oleada únicamente a un efecto llamada generado por Biden. Pero, como ya adelantó Alfa y Omega, las consecuencias de la pandemia en Centroamérica (junto al daño posterior provocado este otoño por los huracanes Eta y Iota) ya hacían prever un repunte de los intentos de llegar a Estados Unidos independientemente del color del Gobierno. El cambio de Administración y la esperanza de una política más acogedora han alimentado y acelerado el fenómeno. Hasta el punto de que la creciente presión migratoria ha obligado al Ejecutivo, y al mismo Biden, a decir a los migrantes varias veces en las últimas semanas que «no vengan a Estados Unidos». Les invitan, en cambio, a esperar a que se restablezcan otras vías para entrar al país legalmente.

Avances y retrasos

Sin embargo, los avances en este sentido no se están produciendo al ritmo de las expectativas generadas. El presidente comenzó su mandato eliminando varias medidas de Trump contra los inmigrantes. Además de poner fin a Permanecer en México, canceló la prohibición de acoger a personas procedentes de algunos países de mayoría musulmana, ha anunciado que este año se reubicará a muchos más refugiados. También ha ordenado reforzar el sistema de acogida.

El paso más importante, con todo, fue la aprobación el 18 de marzo en la Cámara de Representantes de una primera parte de la reforma migratoria prometida por Biden. Si durante la campaña se había comprometido a regularizar a once millones de inmigrantes indocumentados, de momento el objetivo es menos ambicioso. Se trata de dos leyes que, con apoyo de ambos partidos, ofrecen una vía para obtener la ciudadanía a tres millones de soñadores (jóvenes que entraron ilegalmente al país con sus padres siendo niños), inmigrantes con protección temporal y temporeros.

La Conferencia Episcopal Estadounidense ha aplaudido este paso. Ahora, afirman en un comunicado el presidente del episcopado, José H. Gómez, y el de su Comité de Migraciones, Mario E. Dorsonville, es necesario que el Senado la ratifique con celeridad. Al mismo tiempo, hacen un llamamiento a los legisladores «a trabajar juntos para implementar reformas más amplias, y vitalmente necesarias» en un «sistema migratorio roto».