El Defensor del Pueblo sobre Canarias: «No puede convertirse en un lugar de privación de derechos»

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha registrado este lunes en las Cortes Generales un informe exhaustivo —de más de 80 páginas— sobre la situación migratoria de Canarias. Un estudio que plantea la necesidad de cambiar las políticas migratorias, pues «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada».

En el trabajo, que se fundamenta en las visitas que tanto el propio Fernández Marugán y su equipo han realizado a las islas y en las denuncias presentadas por distintas organizaciones, entre ellas, la Iglesia, se detallan las disfunciones del actual sistema de acogida, entre las que resalta dos: la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables.

«La experiencia ha demostrado que el sistema no es eficaz para ofrecer unas condiciones dignas de acogida a personas que, en todos los casos, han puesto en riesgo sus vidas con la esperanza de encontrar un futuro mejor», explica.

Entrando más en detalle, denuncia la «carencia» de una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad; la insuficiente coordinación entre administraciones; la inadecuación de infraestructuras para la recepción en costas y la escasez de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables; las insuficiencias estructurales en la gestión y aplicación de los procedimientos; las inapropiadas instalaciones de los CIE y su inadecuada gestión; y la escasez de centros para la acogida de personas vulnerables.

Sobre esta última cuestión y ante la presión sufrida por esta región, se muestra partidario de que se aborde la situación desde la solidaridad entre las comunidades autónomas, pues «no es razonable que los servicios de protección canarios asuman en solitario el reto que esto supone».

Según recoge en el informe, «es imprescindible seguir trabajando en la búsqueda de espacios adecuados en Canarias, pero también promover traslados a la península». Y añade: «Es necesario un reparto equitativo y solidario entre las comunidades autónomas, y muy conveniente la suscripción de convenios con fundaciones y otras entidades para que asuman su atención y su cuidado».

También recuerda que no se puede impedir la libre circulación de los solicitantes de asilo por todo el territorio nacional siempre que lo comuniquen a la Administración o de los migrantes documentados con su pasaporte y con familiares en la península dispuestos a acogerlos.

Medidas a corto y largo plazo

Con todo, el Defensor del Pueblo plantea una serie de medidas para «evitar que se repitan situaciones como la vivida en Canarias». Se trata, a corto plazo, de crear centros de acogida de carácter permanente; de destinar más medios personales y materiales; de contar con protocolos de actuación bien definidos, sistemas de identificación de desaparecidos y una oficina para familiares; y de trabajar en la prevención de la xenofobia entre la población.

A medio y largo plazo, pide que se establezca un mecanismo de coordinación entre los organismos involucrados, esto es, Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, y que se alcancen acuerdos entre comunidades autónomas para la colaboración.