El Defensor del Pueblo pide explicaciones por las condiciones en Barranco Seco

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto su mirada sobre la situación migratoria de Canarias para pedir explicaciones al Gobierno. Esta vez, por las condiciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, habilitado tras el desmantelamiento del muelle de Arguineguín.

Tras una queja presentada por el abogado Daniel Arencibia en nombre del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, Fernández Marugán ha señalado en su respuesta, a la que ha tenido acceso Alfa y Omega, que «las inclemencias climatológicas y el alto número de llegadas han provocado un deterioro notable de las condiciones de vida que han de soportar las personas tras una dura travesía, en un contexto de emergencia como el actual».

Y dice más: «La inadecuación de las instalaciones las han de padecer también los funcionarios de Policía que se encargan de las custodia de estas personas».

El Defensor del Pueblo explica que en un escrito enviado el pasado 9 de diciembre por la Delegación del Gobierno se le informaba de que las carpas instaladas «eran temporales» y que «se habían solicitado instalaciones más sólidas que sustituirían, paulatinamente, a dichas carpas». Una circunstancia que no se ha producido y ante la que ha pedido más información.

Por otra parte, constata que, como en el muelle de Arguineguín, «se vuelve a superar con creces el periodo de 72 horas legalmente previsto para mantener a estas personas bajo custodia». El abogado Daniel Arencibia lo comprobó con sus propios ojos cuando fue reclamado, hace poco más de una semana, por los allegados de un chico para que lo sacara del CATE, donde estaba recluido desde el 29 de diciembre.

Asimismo, Fernández Marugán señala que los recursos habilitados para que los migrantes puedan pasar la cuarentena por COVID-19 o por contacto estrecho una vez cumplidas las 72 horas de detención «no parece que sean suficientes». Y admite «carencias» en la derivación a recursos de acogida humanitaria o al Centro de Internamiento de Extranjeros si así lo ordena un juez.

Plan Canarias

En este sentido, recuerda que el Gobierno ha puesto en marcha el Plan Canarias con 7.000 plazas de acogida provisional en carpas. Este consta de dos fases, según detalla el propio Fernández Marugán: una con soluciones de emergencia y otra con redes estables en las islas con más llegadas.

«La coordinación de este plan correrá a cargo de la Secretaría de Estado de Migraciones que, según se informó en el escrito remitido en diciembre, tendría en Canarias un centro de coordinación con personal estable, que permitirá organizar las situaciones de emergencia de forma rápida y efectiva», completa el Defensor del Pueblo.

La pelota está ahora en el tejado de la Delegación del Gobierno, que tendrá que enviar la información requerida al Defensor del Pueblo, quien la hará llegar a la parte denunciante junto con su posición.