Leer los Paradise Papers en clave católica

La publicación de los Paradise Papers, filtraciones de documentos confidenciales de bufetes internacionales y de paraísos fiscales, vuelve a poner sobre la mesa la cuestión del pago de impuestos donde se generen las ganancias correspondientes. Grandes figuras de la política, los negocios y el espectáculo aparecen en los papeles del paraíso eludiendo esta obligación moral sin, en la mayor parte de los casos, trasgredir claramente la ley. Tal alquimia de inmoralidad en legalidad es realizada por asesores fiscales expertos.

Pagar impuestos forma parte de la vida moral de los cristianos, no últimamente sino ya de antiguo. Santo Tomás de Aquino y sus continuadores, por ejemplo, sostuvieron que pagar impuestos pertenece a la obligación de justicia de los ciudadanos, y utilizarlos bien a la de sus gobernantes. En ambos casos, la idea del bien común permite discernir lo justo y lo injusto. Nótese: no la conveniencia individual ni la calificación legal del acto, sino el bien común.

Uno de los aspectos básicos del bien común consiste en la igualdad de oportunidades para la vida económica. Desde el punto de vista de los ciudadanos, este es un ideal: nunca vamos a tener las mismas oportunidades todos. Pero podemos movernos o no en dirección de la igualación de oportunidades; podemos hacernos más iguales o más desiguales.

Una gran preocupación del magisterio social de la Iglesia, sobre la que el Papa Francisco habla a menudo, consiste en el aumento de la desigualdad en muchas sociedades contemporáneas, incluida la española. Es una desigualdad que se propaga generacionalmente, porque no nacemos adultos y porque un porcentaje de nuestro ingreso a lo largo de la vida se explica por el ingreso de nuestros padres.

En clave de recaudación

Lo justo sería que nuestro ingreso personal dependiera de nuestras opciones, esfuerzo, méritos, acierto… no tanto de haber nacido en una familia más rica o más pobre, en un país más o menos desarrollado. Pero en nuestro mundo la desigualdad heredada está en torno al 80 %. No ha dado el bebé su primer berrido, cuando ya el 80 % de su resultado económico en la vida viene estadísticamente determinado por el de sus padres.

La desigualdad no solo se juega en cómo gasta el dinero el Estado (qué servicios básicos de educación, salud y aseguramiento social ofrece a sus ciudadanos), sino también en cómo lo recauda. La desigualdad disminuye si quienes tienen más contribuyen más a la caja común, de la que luego sale el gasto del que se benefician los menos pudientes. Dos principios básicos son la capacidad (que donde haya posibilidad se contribuya a lo público) y la progresividad (que por los segmentos más altos de esa capacidad se pague más proporción que por los menores).

Las injusticias típicas en esta materia suelen ser llamadas evasión fiscal (no pagar los impuestos que legalmente te corresponderían) y elusión fiscal (escaparse de impuestos con artimañas legales, por ejemplo facturando en paraísos fiscales). Estas son injusticias asociadas a un estado de la ley civil, que se viola o se elude.

Pero en la concepción católica la ley no define la justicia moral, sino que la justicia es antes y la ley debe obedecerla. Así que otro problema de justicia puede plantearse si las normas legales no son del todo justas. Por ejemplo, si la recaudación de impuestos se apoya más en el consumo (al cual los pobres dedican todo lo que ganan) que en el ingreso. O si los impuestos por ingreso se cargan más sobre el trabajo (la fuente de ingreso de pobres y clases medias) que sobre el capital (del cual solo tienen ingresos apreciables los más pudientes). O si el patrimonio (donde la desigualdad es mayor que en el ingreso) acaba quedando cuasi exento…

Veamos otro aspecto: el bien común exige no solo cierta igualación entre los ciudadanos sino también iguales condiciones para todas las empresas, de manera que estas obtengan ventaja competitiva, y por tanto más mercado y mayores ganancias, de su productividad, innovación, acierto… Esto es, de su mejor servicio a la sociedad. No, por ejemplo, de pagar menos impuestos facturando en países distintos a donde generan su negocio, de-sirviendo así a las sociedades en que operan. Si vendo algo en España, no debo facturarlo en Irlanda. Sea cual sea la calificación legal, desde el punto de vista moral es injusto, porque constituye competencia desleal hacia las pymes que no tienen más remedio que pagar aquí sus impuestos, y porque priva a la sociedad española (donde vendo) de recursos necesarios para los servicios básicos con que promueve la igualación social.

La justicia económica es un juego a varias bandas. Comprar más barato porque nuestro proveedor se ahorra los impuestos correspondientes en nuestra sociedad nos hace beneficiarios y partícipes de su injusticia. En la concepción católica, la justicia moral no constituye primero un arma arrojadiza para censurar al otro, sino un desafío al que ajustar nuestra propia acción para hacerla buena a los ojos de Dios. También en el caso de la discusión sobre impuestos.