400 colectivos de la España vaciada se manifestarán bajo el lema Salvemos el mundo rural agredido

Más de 400 plataformas ciudadanas de toda España han convocado una gran manifestación en Madrid el próximo 5 de octubre para denunciar el abandono institucional del mundo rural y exigir un modelo de desarrollo equilibrado, justo y sostenible. Bajo el lema Salvemos el mundo rural agredido, denuncian un proceso de «colonización» del territorio por parte de grandes empresas energéticas, ganaderas, mineras y especulativas

En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, los portavoces de los principales movimientos detallaron las grandes reivindicaciones que llevarán a la capital, con el objetivo de poner fin a un «modelo extractivista y suicida».

Pepe Polo, portavoz de la Federación de asociaciones vecinales de Teruel, denunció el abandono histórico de los pueblos y recordó que, pese a numerosos estudios sobre la despoblación elaborados por instituciones públicas, «ninguno ha servido para aplicar medidas efectivas». Y señaló que los fondos europeos Next Generation «se llevan nuestra energía y nuestros recursos, y nos dejan contaminación y ruina».

Rosa Pardo, de Aliente, criticó el modelo de transición energética actual, «basado en macroproyectos que destruyen el medio rural y no aportan beneficios a sus habitantes». Señaló que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas se están tramitando sin controles ambientales, en beneficio de fondos de inversión. Propuso una alternativa: generar energía en suelos degradados o tejados, como ya ocurre en otros países. «No se puede sacrificar el territorio por el negocio de unos pocos», dijo.

Jesús Cutillas, del colectivo Abrazo al Agua, alertó sobre la creciente contaminación de acuíferos y ríos por parte de la agroindustria, así como del acaparamiento de derechos de agua por fondos especulativos. «El agua se está convirtiendo en un bien de lujo, y si no se pone freno, provocará más despoblación», advirtió. Las sanciones por contaminación, advirtió, son «ridículas» y no disuaden a los infractores.

Aurora Vilariño y Joao Teixeira denunciaron el impacto ambiental y social de las plantas de biogás y las macrogranjas, que reciben fondos públicos para operar sin controles ni transparencia. Aseguraron que no representan una economía circular real, sino una fuente más de contaminación y sufrimiento para el medio rural. «El modelo no es sostenible y es profundamente injusto para los pueblos que lo sufren», afirmaron.

Eugenio Campanario —consiliario general de Movimiento Rural Cristiano— advirtió del auge de proyectos mineros que, bajo la promesa de recursos estratégicos, «especulan con el suelo sin generar empleo ni desarrollo local». Denunció la complicidad institucional y la desinformación: «Las minas prometen mucho, pero dejan agujeros, escombreras y contaminación». Y reclamó una moratoria y una evaluación rigurosa de su impacto real.

Los colectivos también reivindicaron inversiones en ferrocarril convencional, carreteras y servicios públicos, especialmente sanitarios, como elementos clave para fijar población y vertebrar el país. «Ser pocos no resta derechos», recordaron. Y exigieron recuperar las conexiones ferroviarias perdidas y que se prioricen las infraestructuras prometidas hace décadas.