España ya es el tercer país de Europa con mayor riesgo de pobreza

El año pasado, 94,6 millones de personas en la Unión Europea —el 21% de la población total— se encontraron en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, vivían en hogares que experimentaban al menos uno de los tres índices que contempla la tasa Arope: riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo. Estos son datos del último informe de Eurostat, difundido la semana pasada por la oficina de estadística de la Comisión Europea.

El informe destaca que España ocupa el tercer país donde hay una mayor proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, solo después de Rumania y Bulgaria. Así, más de una de cada cuatro personas en nuestro país —un 26,5 %— se encontró en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social a lo largo de 2023, según los datos de Eurostat. Se trata de más de doce millones de afectados que encuentran dificultades para la mera supervivencia en España.

El dato que sale a la luz en la misma semana en la que paradójicamente el Banco de España y la misma Comisión Europea han mejorado sus previsiones sobre la economía española para este año. Para Juan Carlos Llano, responsable de Investigación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), no se trata de una novedad, pues «llevamos años insistiendo en que el incremento del PIB o de la riqueza por sí solo no reduce la tasa de pobreza. No son índices directamente relacionados».

En declaraciones a Alfa y Omega, Llano constata que «en los últimos años siempre hemos estado en los últimos puestos de la Unión Europea» en este sentido, y aunque haya comunidades autónomas que han incrementado sus PIB en los últimos años, «sus tasas de pobreza sin embargo también han aumentado».

Para el responsable de Investigación de EAPN-ES, «es muy fácil caer en la pobreza pero muy difícil salir de ella, y esto que se cumple a nivel individual también se refleja en los datos a gran escala». La razón de todo ello es que «España tiene una tasa de desigualdad muy alta, por la que el crecimiento económico no se distribuye bien. Es una cuestión estructural, porque hemos apostado durante muchos años por crear una estructura económica con poco valor añadido».

Llano hace así referencia al empleo de poca calidad presente en el mercado laboral, o a que el incremento del precio de la vivienda procede de la actividad de grupos de inversión extranjeros. «En nuestro país el crecimiento económico está muy concentrado, nada repartido —atestigua—, por lo que aunque haya un aumento de renta per cápita, este es más formal que real».

Este es el motivo por el que la capacidad de consumo «se ha incrementado mucho menos de lo esperado, lo que quiere decir que la gente tiene menos poder adquisitivo», añade. Se trata de una situación que afecta en mayor medida a los grupos de actividad más desfavorecidos, pues «el 25 % más pobre de la población presenta un incremento de renta menor que el del resto, con lo cual su situación económica es todavía más ajustada».