107 euros de ingreso mínimo vital para José

En marzo, José Moyano, solicitante del ingreso mínimo vital (IMV), contaba en estas mismas páginas que, después diez meses y de ser uno de los primeros en presentar la solicitud, seguía sin saber si tenía derecho o no a recibir esta prestación. Una demora que pudo soportar gracias al apoyo de Cáritas Diocesana de Toledo, que le pagaba el alquiler, y de los Servicios Sociales de la capital castellano-manchega, donde vive. Pues bien, hace dos meses, recibió por fin el visto bueno a esta ayuda, un alivio que duró el tiempo que pasó entre la comunicación y el ingreso en el banco. Tras el abono de los atrasos, llegó la primera mensualidad: 107 euros.

Así que Moyano, ansioso por salir del programa de Cáritas, ha tenido que volver a recurrir a la entidad eclesial para sobrevivir. Lo peor de todo, según explica a este semanario, es que no ha recibido «ningún tipo de explicación» por parte de la Administración sobre cómo se ha calculado esta cuantía, a todas luces insuficiente. Ha intentado pedir cita para reclamar y ha llamado por teléfono, pero sin éxito; no lo atienden. Así que este mismo martes ha presentado un escrito en un registro oficial.

Su caso es paradigmático de persona excluida del mercado laboral por edad: tiene 61 años y problemas de salud, pues sufrió una angina de pecho en 2017 y algunas recaídas posteriormente. «Cuando vi que eran poco más de 100 euros me entraron palpitaciones y me puse muy nervioso. Todo esto me repercute mucho físicamente», confiesa a Alfa y Omega.

Precisamente, cuando se cumple un año de la aprobación, la Mesa del Congreso de los Diputados —controlada por los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos— ha desbloqueado la ley del Ingreso Mínimo Vital después de 30 semanas de prórrogas, tal y como han confirmado Europa Press fuentes parlamentarias.

Esto supone que este miércoles por la tarde (18:00 horas) concluye el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas parciales. Próximamente podrá comenzar el debate sobre las mejoras que incluir en esta legislación con la convocatoria de la ponencia.

En este sentido, Cáritas Española ha pedido recientemente que se lleven a cabo las modificaciones necesarias lo antes posible para que este mecanismo funcione correctamente. Por ejemplo, ha reclamado la incorporación entre los beneficiarios de los jóvenes entre 18 y 22 años y de las personas en situación administrativa irregular. También la supresión de las inadmisiones a trámite, la reducción de los tiempos a tres meses, la motivación de las denegaciones y la incorporación de asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas.