Solo el 16 % de familias acompañadas por Cáritas recibe el IMV

El próximo martes se cumple un año de la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo. Aunque fue «recibida con satisfacción por todas las entidades sociales», desde el primer momento «se señalaron las lagunas que impedían el acceso a esta prestación de muchas personas en situación de pobreza y exclusión social» aseguran desde Cáritas.

Consciente de estas deficiencias, el Gobierno ha ido introduciendo modificaciones para que la normativa proteja de forma estructural a la población más vulnerable. A fecha de hoy, asegura Cáritas, son cinco las modificaciones aprobadas vía Real Decreto Ley. Pero, según explica la institución, ha habido modificaciones que no favorecen a las personas a las que va dirigida la cobertura.

Estos días tiene lugar en el Congreso el proceso de mejora del Real Decreto, cuyo período de enmiendas se cierra en los próximos días, motivo por el que Cáritas ha remitido una nueva propuesta. Por experiencia de primera mano, la entidad conoce las serias limitaciones de acceso. «Según los datos del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, a fecha del mes de febrero de 2021, 258.000 personas acompañadas por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico y 825.000 personas acompañadas por Cáritas están en situación de pobreza severa», aseguran.

Además, «el 48 % de las familias atendidas por Cáritas no han recibido suficiente información como para tramitar el ingreso mínimo vital», lo que implica que hay pocas solicitudes. Esto sumado a los casos que aún esperan respuesta da la cifra de que solo 16 % de las familias son perceptoras del ingreso a mayo de 2021.

Cambios propuestos por Cáritas

La entidad caritativa de la Iglesia pide al Gobierno que incorpore como receptores del ingreso mínimo también a «jóvenes entre 18 y 22 años (aunque ya hay excepciones), a las personas en situación administrativa irregular o a familias con algún miembro en esta situación, además de reducir la extensión de las unidades de convivencia a la familia nuclear».

En relación a las condiciones de acceso, pide que se simplifique la tramitación y que se facilite que «las personas puedan solicitar el IMV con asesoramiento y de manera presencial». Para ello, recalcan, debe «modificarse el artículo 25, suprimiendo las inadmisiones a trámite, reduciendo los tiempos a tres meses –en una prestación de urgencia por carecer de ingresos, la celeridad en los tiempos es esencial–; motivar, conforme exige la ley, las denegaciones, e incorporar la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas». Además, «la situación de vulnerabilidad económica que genera la necesidad de acceder al IMV debe ser la del momento actual, por lo cual, las excepciones contempladas para los años 2020 y 2021 deben ser la norma general».

Finalmente, aseguran que la cuantía económica es «claramente insuficiente», ya que está pensado como un sueldo mínimo que se completa con las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, «es imprescindible que las CC. AA. mantengan sus rentas mínimas, haciéndolas complementarias con el IMV».