Las apuestas son un lucrativo negocio que solo en España mueve cerca de 35.000 millones de euros, según las últimas cifras aportadas por la Dirección General de Ordenación del Juego. El problema es que buena parte de esos beneficios se obtienen a costa de la ruina de muchas familias, destrozadas por la adicción de algún familiar. Se echa en falta una regulación mucho más estricta y límites a la publicidad, especialmente en la medida en que avanza el juego a través de internet y disminuye la edad de los nuevos jugadores, quienes en la práctica acceden sin control a páginas en teoría restringidas a mayores de edad. La última regulación, en 2014, se encargó de asegurar que las nuevas casas de apuestas tributaran en España y no en un paraíso fiscal, pero olvidó otros aspectos tanto o más importantes. Para corregir el rumbo es fundamental que la sociedad empiece a tomar conciencia de la adicción al juego como una enfermedad, y en ese sentido nada hay más eficaz que visibilizar a quienes han pasado por ese drama. Es de justicia reconocer la labor de la Iglesia y de otras organizaciones en la ayuda a estas personas, pero si estos esfuerzos no se acompañan de medidas de prevención, el problema seguirá creciendo estimulado por las perspectivas de negocio.

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