Una treintena de organizaciones piden que la ley contra la trata sea una prioridad en la próxima legislatura

La ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos vuelve a quedarse en el aire. A las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, cerca de 30 organizaciones sociales reclaman a los partidos políticos que se comprometan a aprobar definitivamente esta norma en la próxima legislatura. La petición coincide con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra el 18 de octubre, y llega después de años de intentos fallidos y retrasos.

La Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), que agrupa a entidades especializadas en la atención a las víctimas, denuncia que España sigue sin contar con una legislación integral que aborde todas las formas de trata y explotación y garantice la protección y asistencia de quienes las sufren.

El último intento de avanzar en esta dirección se produjo en marzo de 2024, cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Más de dos años después, la norma continúa sin aprobarse definitivamente.

Las organizaciones piden que la ley figure en los programas electorales y que su aprobación se incorpore también a los futuros acuerdos de investidura o de Gobierno de coalición. A su juicio, el Estado no puede seguir demorando el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Las víctimas, en el centro

La futura legislación, sostienen las entidades, debe contemplar todas las formas y finalidades de la trata y la explotación, con independencia de las circunstancias de las víctimas. Reclaman que incorpore una perspectiva de derechos humanos, género, infancia, discapacidad e interseccionalidad, y que priorice la prevención, la detección, la atención y la reparación frente a una respuesta centrada principalmente en perseguir el delito.

Para hacerlo posible, consideran imprescindible reforzar el papel de las organizaciones especializadas y garantizar una dotación presupuestaria suficiente. También piden un nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y mejoras en el sistema de acreditación administrativa de las víctimas.

La urgencia se refleja en las cifras. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior recogidos por la RECTP, las fuerzas y cuerpos de seguridad identificaron en 2025 a 1.869 víctimas de trata en España, entre ellas 28 menores de edad. Sin embargo, las organizaciones advierten de que las estadísticas oficiales solo muestran una parte del problema, ya que muchas personas permanecen fuera del alcance de los mecanismos de detección.

La red recuerda, además, que España debía haber transpuesto antes de julio de 2026 la Directiva europea 2024/1712, que refuerza las medidas de prevención y lucha contra la trata y de protección de las víctimas. El plazo ha vencido sin que se haya completado esa adaptación normativa, lo que ha motivado la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea.

Una reivindicación que viene de lejos

La reclamación no es nueva. En 2022, Alfa y Omega informó de que Cáritas y otras 32 entidades de la Red Española contra la Trata de Personas habían reclamado una ley integral que abarcara todas las modalidades de trata y garantizara la protección y la atención a las víctimas.

Dos años después, en abril de 2024, las adoratrices valoraron el anteproyecto aprobado por el Gobierno como «un paso en la dirección adecuada», aunque pidieron mejoras para reforzar la prevención, la identificación, el acompañamiento y la reparación de las víctimas.

La norma sigue sin culminar su tramitación. Entre las principales demandas de las entidades especializadas figuran que se contemplen todas las finalidades de explotación, que la atención no dependa de que la víctima denuncie y que existan recursos suficientes para hacer efectivos sus derechos.