Una parroquia de Cuenca gana el juicio de un joven sin hogar multado en el confinamiento

«Hemos ganado el juicio contencioso-administrativo a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca con sentencia firme, donde no hay recurso para la impugnación», declara victorioso Javier Gómez, párroco de Cañamares, de la diócesis de Cuenca. En los últimos meses, junto a un fiel de su parroquia que es abogado, se ha embarcado en una campaña en favor de un joven sin hogar al que acoge desde el mes de agosto, después de haber sido multado y perseguido repetidas veces durante los primeros meses del Estado de alarma.

Todo comenzó cuando, en marzo de 2020, esta persona se encontraba pernoctando de manera temporal en una pensión en Cuenca. Al cabo de unos días se le agotó el dinero y tuvo que marcharse. Mientras estaba en un parque, una pareja de la Guardia Civil se le acercó y le sugirió que dejara el lugar para no ocasionar un «efecto llamada» a los demás ciudadanos, que estaban confinados. Se fue a Motilla de Palancar, pero el albergue local estaba cerrado por motivos sanitarios, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento no le atendieron. En este punto, «no disponía de ningún dinero y llevaba prácticamente dos días sin comer. El hambre me estaba enloqueciendo y pensé en varias ocasiones abrir un contenedor de basura y comer desechos», recuerda.

Después de varios días pernoctando en una tienda de campaña, se fue a Villalba de la Sierra, donde se le impuso la primera sanción por incumplimiento del Estado de alarma. Más tarde, en Villanueva de la Jara, un guardia civil le ordenó desalojar la plaza del Ayuntamiento, casi a medianoche y con temperaturas bajo cero. En total, durante todas estas semanas acumuló multas por valor de 1.800 euros, cuando todo lo que tiene para vivir es una pensión de 350 euros al mes.

«Me siento criminalizado, como si el pobre por ser pobre fuera un criminal en España», decía esta persona en una carta dirigida a Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, en una carta fechada el pasado 12 de abril.

Sin embargo, ha podido contar con el apoyo estos meses de Javier Gómez, párroco de Cañamares, que le ha acogido en los salones parroquiales y que ha ayudado al joven en su recurso contra las sanciones. «¿Desde cuándo la pobreza está criminalizada en una democracia plena como es España?», se lamenta Gómez, que es también párroco de Cañizares, Vadillos, La Frontera, Fuertescusa y Poyatos, todos pueblos de la diócesis conquense. «Yo lo conocía de hace tiempo porque le presté ayuda en su día, y los pobres siempre recuerdan a quienes se han portado bien con ellos», afirma.

«Cuando me contó lo que le había pasado me pareció indignante, y por eso empecé a moverme y a buscar ayuda legal para él», recuerda, porque «lo han tratado fatal». Conocedor de su vida errante, «de trabajo en trabajo y de aquí a allá», Gómez le dio también trabajo restaurando la puerta de la iglesia de Cañamares. «Ha estado con nosotros durante un mes y se ha ganado el aprecio de la gente de esta zona –afirma el párroco–. Eso ha servido para que vaya recuperando la confianza en sí mismo, y la confianza en la convivencia con los demás».

Para Gómez, esta labor de acogida «está en la entraña de la Iglesia. Siempre hemos sido punta de lanza a la hora de acordarnos de los más pobres, sobre todo en los casos más difíciles. Lo que se espera hoy de la Iglesia, sobre todo, es nuestra defensa de los pobres, de acompañarles en su vida y de intentar hacer procesos de sanación con ellos».