Una gestión ética de la sanidad exige «decidir en favor de la dignidad del individuo»

«Tenemos muchos servicios públicos que se prestan por empresas privadas y no tendría por qué haber realmente ninguna diferencia», opina en conversación con Alfa y Omega Federico de Montalvo, expresidente del Comité de Bioética de España y catedrático de Derecho Constitucional de ICADE. Explica que la bioética no es una disciplina que estudie exclusivamente temas relacionados con el aborto, la eutanasia o la reproducción asistida. También se aplica de forma directísima en el ámbito de la gestión al administrar recursos sanitarios limitados. «Supone en el fondo tomar decisiones en favor de la dignidad del individuo y del bien de la colectividad», resume.

A su juicio, uno de los motivos por los que los gobiernos acuden a la iniciativa empresarial para dar atención sanitaria a sus ciudadanos es «su gestión más ágil» y la existencia de voces que la consideran «más eficaz en el ámbito de la sanidad». No obstante, detalla que «lo que tendría que esperarse» de un hospital privado no es que «sea mejor por tener mejores médicos» sino aligerar la «burocracia» asegurándose de que «los estándares son los mismos». Y de que «los principios éticos son idénticos».

Sin embargo, De Montalvo sí que señala que en un hospital privado «el principio de justicia no opera igual», pues la atención «se presta a cambio de una contraprestación» porque «es un negocio».

Siendo muy legítimas las existencias de ambos circuitos, este jurista subraya que los límites se pueden volver confusos cuando «un servicio público se presta desde un sistema privado», como en el consabido caso del Hospital de Torrejón. En tales casos «hay que sujetarlos a los controles que la propia Administración tiene para evitar que el ánimo de lucro prime sobre la asistencia». De no ser así, el riesgo es que «se puedan valorar estrategias que perjudiquen a los derechos de los pacientes».

Según explica el expresidente del Comité de Bioética de España, seguir esta lógica implica «desarrollar mecanismos racionales para las listas de espera». Deben regirse por «criterios científico-técnicos, no políticos ni económicos». «Uno de los problemas que hay en la distribución de recursos sanitarios es que a veces prima la vía más fácil», diagnostica. Y advierte de que en estas situaciones no se debe aplicar, aunque sea tentador, «el utilitarismo, una teoría filosófica que establece que debemos procurar el mayor beneficio para el mayor número de personas».

Aparentemente idónea, seguir esta escuela de pensamiento implicaría «asistir a los que tengan enfermedades más prevalentes o a los más jóvenes, que son los más fáciles de cuidar». Pero de hacerlo así, «se nos olvidaría que hay personas vulnerables y que no todos somos iguales ante la enfermedad».

Principios básicos

Para una gestión correcta de un hospital, Federico de Montalvo propone una serie de «buenas prácticas». «La más importante es que deben operar unos principios éticos y legales que parecen contradictorios, pero deben cooperar». Por un lado, debe existir «igualdad para que haya un acceso para todos sin privilegios». Pero, al mismo tiempo, «no todos somos tan iguales» y para aplicar el principio de equidad —es decir, para darle a cada uno lo que corresponde— «hay que introducir medidas correctoras». «No son lo mismo una mujer embarazada o un anciano» que un joven, por lo que hay que darles prioridad.

Un tercer principio es el de «no hacer daño», aquel primum non nocere que aparece en el juramento hipocrático. «Los médicos te hacen daño, pero es el camino para un bien», matiza. Lo que «no se puede nunca» es «hacer daño sin que sea un camino para un bien». Aplicándolo al centro hospitalario, se manifestaría al «tomar decisiones que perjudiquen a determinadas personas», como «colar a una persona fuera de la lista de espera según la base de un criterio utilitarista».

Otro principio es el de beneficencia, que es «procurar el mayor beneficio para las personas». Pero que hay que conjugar con el de autonomía. «Nuestro sistema está basado en que el que decide no es el médico sino el paciente», por lo que se le reconoce el derecho a rechazar un tratamiento. Eso sí, Federico de Montalvo recalca que esto no es un cheque en blanco para la aplicación de pseudoterapias a la carta ni para «exigir un tratamiento que he visto en ChatGPT».