Trump y la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de carácter permanente y de ámbito internacional creado para juzgar a individuos acusados de cometer crímenes muy graves y con trascendencia para la comunidad internacional: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y, desde 2018, el crimen de agresión. Su origen se remonta al Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Desde entonces, la CPI ha sido considerada por muchos como un paso positivo en la lucha contra la impunidad, al establecer un mecanismo permanente que complementa la jurisdicción de los Estados y actúa cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren procesar a los responsables de esas violaciones.

La creación de la CPI fue el resultado de un largo proceso histórico marcado por el anhelo de un sector de la comunidad internacional de poner fin a la impunidad de los autores de crímenes atroces. A partir de los juicios de Núremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, se fue fraguando la idea de un tribunal permanente que no dependiera de tribunales ad hoc, como los que se establecieron para la antigua Yugoslavia o Ruanda en la década de 1990. El Estatuto de Roma, con 60 ratificaciones iniciales, dio vida a esta Corte, cuya sede se encuentra en La Haya (Países Bajos). 

La CPI juzga únicamente a personas físicas. Su competencia se activa cuando los crímenes se han cometido en el territorio de un Estado parte, por nacionales de un Estado parte o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite un caso, sin importar si el Estado implicado ha ratificado el Estatuto de Roma. De esta forma, la Corte busca responsabilizar a altos mandos militares, políticos y líderes de grupos armados que hayan incurrido en graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Entre las funciones de la CPI se encuentran la investigación, la emisión de órdenes de detención, el juzgamiento y la imposición de sentencias a los acusados. Además, puede dictar órdenes de reparación a las víctimas, incluyendo indemnizaciones, restituciones o rehabilitaciones; lo que permite adoptar una perspectiva de justicia que no solo castiga a los responsables, sino que también atiende las necesidades de quienes han sufrido los crímenes. La Corte depende de la cooperación de los Estados, quienes deben facilitar las investigaciones, capturas y traslados de los sospechosos. Esto, a menudo, genera desafíos políticos y diplomáticos.

A lo largo de su historia, la CPI ha conseguido logros importantes. Uno de sus hitos fue la condena de Thomas Lubanga en 2012 por reclutar y emplear niños soldados en la República Democrática del Congo, evidenciando el grave problema del reclutamiento infantil. También se han emitido órdenes de detención contra líderes como Omar al Bashir, expresidente de Sudán, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. Aunque en ocasiones no se logra la entrega de los sospechosos, la existencia de estas órdenes ejerce presión política y diplomática sobre los acusados.

Sin embargo, la Corte se enfrenta a críticas constantes. Solo puede actuar cuando los Estados miembros son incapaces o se niegan a juzgar; y se requiere, en ocasiones, el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU. La falta de una fuerza policial propia dificulta la detención de sospechosos protegidos por gobiernos no cooperantes; así, las órdenes de arresto contra figuras como Vladimir Putin (marzo de 2023) y Benjamin Netanyahu (noviembre del año pasado) han quedado en el terreno simbólico. Además, la Corte ha sido acusada de concentrar sus investigaciones en África, aunque recientemente se han abierto exámenes preliminares en otras regiones. Por último, muchas potencias —entre ellas Estados Unidos, Rusia, India y China— no han ratificado el Estatuto de Roma, temerosas de que sus ciudadanos sean sometidos a la jurisdicción de la CPI.

Estados Unidos, en especial, ha mantenido una política de rechazo a la CPI bajo administraciones republicanas y demócratas. No se ha adherido al Estatuto de Roma y, en 2002, aprobó la American Service-Members Protection Act (ASPA), que autoriza el uso de la fuerza para liberar a ciudadanos estadounidenses o aliados detenidos por la Corte. Donald Trump ha llevado esta postura al extremo: en 2018 amenazó a la CPI si investigaba crímenes en Afganistán, y muy recientemente impuso sanciones económicas y restricciones de entrada a quienes intentaran juzgar a tropas estadounidenses o de sus aliados, alegando que atentaban contra la soberanía de Estados Unidos. También acusó de corrupción a la Fiscalía de la CPI. Estas últimas acciones buscan frenar las investigaciones de la Corte y reflejan la histórica oposición estadounidense a que sus militares sean juzgados por un tribunal internacional. Además, han influido en decisiones recientes, como la liberación en Italia del libio Osama al Najim, reclamado por la CPI por crímenes de lesa humanidad.

El derecho aspira a ser una forma de coexistencia capaz de asegurar el respeto de la dignidad humana más allá de las fronteras, evitando que la violencia imponga sus propias reglas. La CPI nació como una herramienta del derecho internacional para lograr este objetivo, pero su desarrollo ha sido tortuoso: sus logros conviven con limitaciones políticas y estructurales que ponen en duda su efectividad. Aunque su futuro sea incierto, su existencia sigue representando un esfuerzo internacional encomiable por acabar con la impunidad.