Tres razones y 500.000 personas que justifican una regularización

Salman Hassan sabe muy bien lo que supone vivir en situación irregular en España. Tras abandonar Pakistán en 2017 al ser amenazado por motivos políticos, cruzar doce fronteras a pie y llegar a España casi dos años después para pedir asilo, se quedó sin nada. Pudo, mientras se resolvía el trámite, trabajar durante un año, pero la negativa final lo dejó sin empleo legal y sin derechos de un día para otro. Así, desde noviembre de 2020 ha vivido en primera persona las consecuencias de no tener la documentación en regla: trabajar doce horas al día por 40 euros, sin vacaciones ni días libres pagados y sin cobertura legal; no poder ir al médico, o vivir con el miedo a ser detenido por la Policía.

Hasta el pasado 28 de enero, cuando por fin consiguió el permiso de residencia por arraigo laboral [esta posibilidad se ofreció en 2021], Salman engrosaba la lista de casi medio millón de personas en situación irregular en España, un colectivo que ha aglutinado en torno a sí a numerosas y muy diversas fuerzas de la sociedad civil para lanzar una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende forzar al Gobierno a llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Para que el Congreso de los Diputados la debata hay que presentar medio millón de firmas antes del 23 de septiembre de este año. «No quiero que nadie sufra lo mismo que yo», afirma el joven pakistaní para justificar su implicación en la campaña. Se ha comprometido, como mínimo, a sumar 100 rúbricas.

La ILP, bautizada como EsencialES y que recoge las demandas de la población migrante agrupadas en la plataforma #RegularizaciónYa, ha unido al Partido Por Un Mundo Más Justo, la Fundación porCausa, REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), la Fundación para la Ciudadanía Global y Alianza para la Solidaridad, que se han constituido como la comisión promotora. Además, ya cuenta con el apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil como CEAR, Médicos del Mundo u Oxfam Intermón. La Iglesia, por su parte, se ha volcado desde todos los estamentos, como el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cáritas, CONFER o la HOAC.

Los grandes argumentos que justifican esta medida, según los promotores, son tres: los derechos fundamentales, pues la irregularidad supone «una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos»; la pérdida de «un gran aporte económico y fiscal» –según la Universidad Carlos III, 3.250 euros por persona y año–, y la propia gestión del país, pues tener a cerca de medio millón de personas –150.000 son niños– «fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza que es urgente corregir».

«Muchas personas no tienen derechos. Y son parte de esta sociedad, quieren a este país, quieren aportar y construir. Se dedican al cuidado, a mantener la vida de nuestros abuelos e hijos», afirma Ximena Zambrana, hispanoboliviana y una de las portavoces de #RegularizaciónYa. «Es inadmisible tener a una persona en situación de clandestinidad durante tres años [tras este periodo se puede pedir residencia por arraigo]. Es un apartheid institucional», añade Jorge Serrano, coordinador general del Partido Por Un Mundo Más Justo, que defiende que la medida es perfectamente asumible por personas con valores conservadores, progresistas o liberales.

En este sentido, Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la Fundación porCausa, defiende que la regularización no entiende de política ni de ideología, pues en España la han utilizado gobiernos «de todo pelaje». De hecho, desde que la democracia se estableció en nuestro país, han sido seis lo procesos, cuatro realizados durante mandatos del PSOE y dos del PP. «No hay razones políticas que no la justifiquen, sino miedo a que se disparen unas narrativas impuestas por grupos mediocres», añade. En su opinión, si España quiere seguir siendo un país democrático, plural y moderno «necesita tener a todo el mundo en situación regular».

Desde la CEE, el director del Departamento de Migraciones, el dominico Xabier Gómez, señala en una comunicación enviada a todas las diócesis que a la luz de la enseñanza social de la Iglesia «el contenido de la iniciativa en cuestión es justa». Y añade: «Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía”. Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso».

También en la vida laical se está extendiendo este compromiso en favor de las personas migrantes. Desde CVX, que tiene un área de misión relacionada con las migraciones, están colaborando con la recogida de firmas. Lo mismo que CEMI, comunidad seglar vinculada a los marianistas. Su presidente, Raúl Molina, señala que la iniciativa no es cuestionable, pues «cualquier ser humano, por ser hijo de Dios, goza de dignidad» y, por tanto, cabe luchar contra la desigualdad que generan las fronteras. «No hay una separación entre la fraternidad que nos aporta el Evangelio y la situación que se nos plantea», concluye.