Suspicacia ante el juicio por el crimen de la UCA

La confusión y la impotencia embargaron a Andreu Oliva, novicio de los jesuitas en Puerto Rico, al enterarse en 1989 del asesinato en El Salvador de Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas y dos laicas en la Universidad Centroamericana (UCA). «No entendía por qué mataron a unos hombres que tanto habían luchado por los derechos de los pobres y que estaban empujando un camino de diálogo» en pleno conflicto entre el Ejército y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ni tampoco «por qué mataron a Julia Elba, la cocinera, y a su hija Celina, que nada tenían que ver».

El pasado 5 de junio, la Fiscalía del país presentó un dictamen de acusación por esta masacre que señala al expresidente del país, Alfredo Cristiani, y a siete altos cargos militares. Oliva, ahora rector de la UCA, explica que lo ven con «suspicacia». Arnau Baulenas, representante legal de los familiares de Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, otra de las víctimas, explica que durante la investigación algunos testigos clave declararon que la víspera del crimen «hubo una reunión en el Estado Mayor» en la que se decidió «eliminar a los guerrilleros y a sus colaboradores». También se dio orden al coronel Guillermo Benavides, autor material, de «liquidar a Ellacuría sin dejar testigos». En esa reunión «en ningún momento estuvo el presidente. Solo dicen que le van a consultar y que, si no hay contraorden, se proceda». No hay evidencia de que ocurriera.

Oliva subraya que «si la Fiscalía tiene pruebas suficientes y válidas que lo involucren, debe ser juzgado». Cristiani huyó del país, por lo que es probable que en la audiencia del próximo lunes se emita una orden de captura contra él. Esa parte del proceso quedaría paralizada, pero no el resto. «Nos preocupa que busquen exonerar a los miembros de la Fuerza Armada, que no tenemos dudas de que fueron los principales responsables». De hecho, sospechan por algunos «sutiles indicios» que el proceso «puede ser manipulado por el Ejecutivo salvadoreño para sacar ventaja política» centrando la atención en Cristiani para ganarse el apoyo de los militares.

Por eso, el dictamen de acusación presentado por Baulenas se centra en altos cargos militares, empezando por el exministro de Defensa Rafael Larios, «como autores intelectuales», y en los encargados de investigar los hechos desde la Comisión de Actos Delictivos por «desviar las investigaciones de forma que no se pudiera llegar a la verdad».

Verdad, justicia y reparación ha sido siempre el leit motiv de la UCA y de los jesuitas al abordar tanto este caso como todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil. «El primer y principal objetivo es poner fin a la impunidad», asegura Oliva. Para ello es necesario «saber qué pasó y quiénes son los responsables», y que «se celebre un juicio con las debidas garantías» y sin injerencias políticas. Pero la Compañía de Jesús insiste en que dado que «los inculpados son mayores y en algunos casos están enfermos, no se ha pedido privación de libertad para ninguno».

Para el rector de la UCA, la mejor forma de lograr reparación es que «se apruebe una ley de justicia transicional y reparación integral a las víctimas», elaborada con la participación de las mismas. Debería incluir «un proceso por el cual todas, de ambos lados, puedan dar a conocer los crímenes que sufrieron». Solo así será posible sanar las heridas, «hallar a los desaparecidos», fomentar que los victimarios pidan perdón y la reconciliación. «Es un proceso que dignifica a ambas partes».

Para él, el modelo es el Tribunal de Justicia Restaurativa organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA entre 2009 y 2020. Este tribunal no oficial escuchó a más de 8.000 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad. Cada año elaboraba un informe a modo de sentencia. También participaron representantes del Estado e incluso se logró que «un victimario, un coronel, pidiera perdón», relata su presidente, José María Tomás y Tío. Era difícil lograr más cuando aún no habían sido juzgados por tribunales reales, reconoce. Cuando avance la justicia, espera que la reconciliación sea más fácil.

Un proceso con avances y retrocesos

• 1989: 16 de noviembre. Asesinato de seis jesuitas (cinco españoles) y dos laicas en la UCA.
• 1992: 16 de enero. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec ponen fin a la guerra civil, que comenzó en 1979.
• 1993: 20 de marzo. La Ley de Amnistía impide juzgar a los culpables que señaló la Comisión de la Verdad.
• 2016: 13 de julio. La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la Ley de Amnistía.
• 2020: 11 de septiembre. La Audiencia Nacional de España condena a 133 años al coronal Inocente Montano.
• 2022: 5 de enero. Se permite reabrir el caso de la UCA. El 5 de junio de 2023 se presentan las acusaciones.