Sin solución para los desaparecidos en la ruta canaria

Fátima viajó desde Italia a Canarias porque se lo pidió su suegra. Uno de sus hijos estaba en paradero desconocido tras embarcarse rumbo a las islas 30 días atrás y quería que lo buscase. Con la ayuda de un sacerdote y de Daniel Arencibia, abogado y voluntario del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, removieron cielo y tierra en el juzgado y la comisaría sin éxito. «Se tuvo que marchar sin una respuesta y su madre sigue pensando que su hijo está en algún sitio. Pero 30 días son muchos y sabemos de la embarcación en la que vino fallecieron seis personas», cuenta Arencibia a Alfa y Omega.

Esta historia ilustra perfectamente la situación de muchas familias que llegan a Canarias en busca de sus seres queridos y se encuentran con un muro de silencio por parte de la Administración. No les ofrece información, ni siquiera para decirles que su hijo, hermano o sobrino no está allí; para que puedan buscar en otro lugar o hacer el duelo.

El propio Defensor del Pueblo denunció en su último informe monográfico La migración en Canarias que las familias tienen dificultades «para obtener información sobre el estado y paradero de los supervivientes, del desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo para su rescate e identificación o, en su caso, denunciar la desaparición de sus familiares». Y constató que los distintos organismos de la Administración alegan no tener competencias para trabajar en la documentación de las desapariciones.

Esta circunstancia, junto con la dificultad para documentar todas las muertes, provoca que la horquilla de migrantes fallecidos en esta ruta se establezca entre los 480 que apunta ACNUR, los 849 de la Organización Internacional de Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) o los 1.851 de la ONG Caminando Fronteras. De hecho, la propia IOM reconoce que su cifra es de mínimos y que podrían ser muchos más. Además, la mayoría de estas pérdidas corresponden a desaparecidos.

Así, el Defensor del Pueblo pide al Gobierno «una fórmula clara para dar respuesta a las familias contribuyendo a su vez, mediante la documentación y el seguimiento eficaz, a mejorar las tareas de prevención y rescate que permitan reducir al fin el número de muertes en esta ruta». Sin embargo, el Gobierno ya ha manifestado, a través de una breve contestación a una pregunta parlamentaria, que no hay normativa nacional ni internacional que obligue a crear una oficina para tal fin.

Una obligación desatendida

Desde la IOM, que cuenta con el Proyecto Migrantes Desaparecidos, recuerdan a Alfa y Omega que el derecho a la vida «incluye el derecho a recibir un trato digno después de la muerte, así como, para el Estado, la obligación procesal de investigar efectivamente todas las muertes cuya causa sea incierta». Y añade: «Esta obligación también existe cuando las personas desaparecen en circunstancias que ponen en peligro su vida, lo que puede aplicarse a las personas migrantes que desaparecen en el mar. Las familias de las personas desaparecidas y fallecidas tienen derecho a participar en la investigación como parte de esta obligación del Estado de proteger el derecho a la vida. Además, dejar a las familias sin información sobre un familiar desaparecido en su trayecto migratorio puede equivaler a un trato cruel o inhumano».

En este sentido, señalan que los Estados se han comprometido en el Pacto Mundial para la Migración a «emprender iniciativas internacionales sobre los migrantes desaparecidos, a cooperar en la recopilación y el intercambio de información ya identificar a las personas muertas o desaparecidas y facilitar la comunicación con las familias afectadas».

«El pacto es un instrumento no vinculante, pero según el principio de buena fe, los Estados que lo suscribieron deberían implementar estos compromisos a nivel nacional», concluyen.

Un propuesta de urgencia desde la Iglesia

En línea con lo manifestado por el Defensor del Pueblo y también la IOM, la Iglesia en Canarias ha venido solicitando recurrentemente la creación de un punto de información para las familias.

De hecho, comprobada la inacción del Gobierno en este sentido, el Secretariado de Migraciones ha pasado a la acción y trasladado a las autoridades la siguiente propuesta hasta que se adopte una solución definitiva: que un sacerdote se reúna periódicamente con familias de desaparecidos, compruebe que tienen interés legítimo y llame una vez por semana a la Policía para recabar información o una fe de vida.

«Les va a salir gratis, no vulnera derechos y sigue las recomendaciones de los organismos internacionales. Y ahorraría mucho sufrimiento», concluye Arencibia.