Smerilli: «Si nos va bien a todos, la economía gira»

La mayor parte de los países africanos se ven obligados a destinar más recursos a pagar la deuda externa, que el Banco Mundial sitúa en más de 500.000 millones de euros, que a sufragar su propio sistema sanitario. Una «trampa perversa», sobre todo en tiempos de pandemia, que, como señala Rodolfo Rieznik, de Economistas sin Fronteras, comenzó en los años 80, cuando organismos financieros globales como el FMI empezaron a retorcer ajustes estructurales en los países con menos recursos para asegurarse de que iban a recuperar el dinero prestado una década antes. Aunque la verdadera asfixia llegó cuando, en la lista de los acreedores, empezaron a figurar entes privados sin escrúpulos que controlaban bancos y grupos de inversión. Las obligaciones de estos últimos han alcanzado en algunos casos cantidades estratosféricas de deuda, imposibles de pagar, llegando incluso al 60 % del PIB de esos territorios. «No tienen una moneda de reserva y solo pueden generar deuda pública nominada en dólares, lo que genera un coste mucho mayor». «Además, dependen de la exportación de materias primas –que suelen estar en manos de oligarquías nacionales, cuyos frutos no revierten en la sociedad– y de los préstamos», advierte Rieznik. Esto genera «estados raquíticos sin capacidad financiera que terminan endeudándose constantemente y sacrificando otros sectores como la educación, la sanidad o las infraestructuras». Un cóctel molotov que elimina cualquier intento de despegue de su incipiente economía y empobrece aún más a sus ciudadanos. «Es un círculo vicioso, porque su futuro está ligado a contraer nuevas deudas», zanja el miembro de Economistas sin Fronteras.

Pero África ha dicho basta. Los líderes políticos han creado un frente común para reclamar una condonación de la deuda y poder lidiar mejor con la crisis que arrastra la pandemia de coronavirus. Pero en esta batalla contra el bolsillo de sus prestamistas no están solos; el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Comisión Vaticana COVID-19 han lanzado la campaña para la cancelación de la deuda de los países africanos (COVID-19 Debt Relief Campaign in Africa), en colaboración con Cáritas África, la SECAM (Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar), la JCAM (Conferencia Jesuita de África y Madagascar) y la Asociación de Mujeres Consagradas de África Oriental y Central (ACWECA). Esta iniciativa no tiene fecha de caducidad e incluirá en el futuro a otras regiones también ahogadas por la deuda externa. «Muchos países no pueden invertir en educación o comprar vacunas porque están asfixiados estructuralmente por la deuda. La pandemia, aunque no ha impactado igual en todos los países, ha empeorado de forma notable su situación. Por eso la Iglesia tiene que darles voz», defiende la religiosa hija de María Auxiliadora y economista Alessandra Smerilli, subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El organismo vaticano trabaja de la mano con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) «porque el hambre está indiscutiblemente ligada a la deuda externa», y con agentes externos para analizar los aspectos técnicos que permitirían reducirla o cancelarla. Por eso, siguen de cerca las reuniones de alto nivel como el G20, y las cumbres sobre los sistemas alimentarios o las del clima, como la próxima COP26. Dividen la tarea en tres pilares: «Escuchar para entender dónde están los problemas; conectar, sentando en la misma mesa incluso a quienes piensan de manera opuesta, y dar inspiración al mundo con las palabras del Papa Francisco, con el magisterio milenario de la Iglesia y con el Evangelio de los pobres», asegura.

En su opinión, la condonación de la deuda de los países más desfavorecidos no debe verse solo como una acción caritativa hacia los más pobres, sino como una inversión para el futuro de todos. «Es un tema de justicia y de solidaridad: pensemos en la historia de esclavitud que han sufrido muchos de estos países». Pero también «debemos pensar en términos de eficiencia económica. No podremos parar la pandemia si algún país está infectado y no consigue controlarlo. Si nos va bien a todos, la economía gira», señala.

Hasta ahora, la única reacción del G20 ha sido una moratoria del pago de deuda de los países más pobres hasta diciembre de este año. Para el Vaticano este alivio no es suficiente: «Todos somos hijos del mismo Padre, por lo que no puede ser que la suerte de nacer en uno u otro país condicione la vida de las personas». «Estamos convencidos de que es el momento oportuno de revisar o condonar la deuda, pero para eso es necesario que los organismos locales cuenten con robustos sistemas de control y vigilancia», añade la religiosa.

Deuda ecológica

En una carta dirigida a los participantes en las Reuniones de Primavera 2021 del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el Papa ha vuelto a apuntalar otro tema pendiente: la deuda ecológica que han ido acumulando los países más industrializados con aquellos menos desarrollados. Francisco ha instado a la industria financiera a hacer un cálculo. Como dice Smerilli, «hay numerosos estudios que ponen datos a la deuda externa, pero son muy pocos los que hablan de las consecuencias de la deuda ecológica». Por este motivo, «poner cifras nos ayudará a limitar los combustibles fósiles». Además, «con esas reservas se podrían sufragar los programas de desarrollo sostenible en los países con menos recursos».

Para la monja italiana el razonamiento está claro: «No podemos volver al mundo de antes, donde una economía enferma hacía crecer las desigualdades de forma desproporcionada». «¿Qué sistema es este que permite durante un flagelo mundial como el de la pandemia el enriquecimiento exponencial de unos pocos, mientras que son muchos los que están entrando en las colas de la miseria?», se pregunta.

La Comisión Vaticana COVID-19 pone también en el centro de sus intereses de trabajo las deudas de las familias que están en riesgo de desahucio. «La crisis económica está desembocando en un aumento de los embargos de las viviendas ante la imposibilidad del pago de las hipotecas por parte de muchos particulares», reseña Smerilli. Una bomba social que solo se atajará si cambian las reglas financieras.