La Secretaría de Estado pide que se persigan y castiguen todos los delitos contra la entidad

El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, solicitó el pasado lunes a la justicia vaticana «perseguir y castigar todos los delitos» en los que «la Secretaría de Estado se considere parte ofendida». Esto incluiría también los delitos económicos o el mal uso de los fondos del Vaticano. Así lo reclamó en una carta con la que confirma la voluntad de la Secretaría de Estado de esclarecer la verdad en el caso Becciu. La misiva responde a la petición formulada por la Oficina del Promotor de Justicia (un ente similar a la Fiscalía General) de interponer una denuncia explícita para que el proceso, que está visto para sentencia, pueda continuar con normalidad.

La carta se leyó durante la 84 sesión del juicio sobre gestión de fondos de la Santa Sede, que podría condenar al cardenal Angelo Becciu. Está acusado de abuso de funciones, malversación de fondos y soborno. La Fiscalía vaticana pidió el 26 de julio una pena de siete años y tres meses de prisión y la devolución de 14 millones de euros.

La del lunes fue una jornada de nueve horas en la que Alessandro Diddi y otras partes civiles en el juicio respondieron a los argumentos de la defensa del cardenal Becciu. En la sesión anterior, celebrada el 6 de diciembre, el promotor de justicia ya había sostenido que la estrategia del purpurado «es la demostración de que en muchos casos las defensas no tenían más argumentos que atacarnos». Aquel día Diddi había señalado que el cardenal Becciu en un primer momento no estaba implicado en estas investigaciones y que fue él mismo quien «cuando no había ni rastro de su persona, hizo todo lo posible para entrar en el proceso defendiendo la operación de Londres». Se refería a la compraventa de un lujoso edificio en Sloane Avenue que generó pérdidas de unos 135 millones de euros para la Santa Sede. De acuerdo con el promotor de justicia del Vaticano, el purpurado ahora investigado inició entre 2019 y 2020 una «campaña de prensa contra la Oficina del Promotor».

Durante la sesión de este 11 de diciembre, Roberto Lipari, abogado del Instituto para las Obras de Religión (el IOR, conocido popularmente como Banco Vaticano), pidió la «restitución por los daños y perjuicios» ocasionados a la institución que representa. Y señaló que uno de los antiguos directores de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Ciudad del Vaticano, Tommaso Di Ruzza, «conocía bien los problemas vinculados al asunto de Londres» pero ejerció presiones para concluir la operación. Asimismo, Renè Brüllhart, expresidente de la AIF, llegó a dirigirse a Jean-Baptiste de Franssu, entonces presidente del IOR, en estos términos: «¿Por qué eres tan testarudo? Dale este dinero que nosotros te cubrimos».