Se cumplen dos años del «fracaso de toda una sociedad»

Desde su entrada en vigor el 25 de junio de 2021, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia se ha aplicado en 338 casos (datos hasta diciembre), según el Ministerio de Sanidad. El número contrasta con la cantidad de gente que se habría beneficiado si el Gobierno hubiera sacado adelante leyes como la de la ELA, una enfermedad que actualmente padecen en España unas 3.000 personas. Entre enfermos y familias, la norma habría podido ayudar a más de 10.000. Además, cubriría las necesidades de uno de los colectivos que más peticiones de eutanasia realizan. «El 30 % de los solicitantes son pacientes oncológicos, mientras que el 60 % son personas con enfermedades neurodegenerativas» como la esclerosis lateral amiotrófica, detalla José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), que tilda de «lamentable» que las ayudas a este colectivo «lleven años paradas».

Otra de las leyes olvidadas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido la de cuidados paliativos, que podría ayudar a casi 100.000 ciudadanos. «En España, cada año mueren cerca de 90.000 personas en medio del dolor porque nadie les facilita el acceso a estos cuidados», denuncia el coordinador de ANDOC, que considera «un fracaso de toda la sociedad» que «en vez de dotar de soluciones a estas personas —que las tenemos—, lo que se les ofrezca sea la muerte». Nuestro país, de hecho, ocupaba hace 15 años el puesto noveno en el atlas europeo de los cuidados paliativos y, en la actualidad, se ha caído hasta la posición 31.

El médico Juan Santos, que pertenece al Servicio de Salud del Principado de Asturias, coincide en el análisis: «A consecuencia de la presión social de un grupo de personas, se aprobó una ley para un número mínimo, cuando había necesidades mucho más perentorias». No habla de la teoría, sino de lo que se encuentra a diario en su trabajo como parte de un equipo de cuidados paliativos a domicilio. «Hemos atendido gente que se ha retractado en su petición de eutanasia. Algunos por miedo, pero también hay quien se echa atrás por nuestra labor», explica en conversación con Alfa y Omega. «Si nosotros no hubiéramos estado haciendo un control de la sintomatología, la percepción del sufrimiento por parte del paciente se habría incrementado y, probablemente, la solicitud de ser ayudado a morir habría continuado», añade.

Santos argumenta contra la eutanasia y a favor de los cuidados paliativos incluso con razones económicas. Según el especialista, su labor ahorra dinero al Estado. «Los paliativos logran un control de los síntomas, lo que provoca, por un lado, que se minimice el sufrimiento que puede ocasionar la enfermedad y, por otro, evita los ingresos hospitalarios, que habitualmente se derivan de un mal control sintomático». Al final, «eso se traduce en una ganancia económica para las arcas del Estado al no tener que invertir en el ingreso de un paciente que, además, puede estar ocupando la cama de alguien que sí lo necesita».

Más allá de la cuestión económica, el coordinador general de ANDOC lamenta que la aprobación de la eutanasia «trastoca la fibra moral de una sociedad». En este sentido, denuncia el planteamiento antropológico que se deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema: «Viene a decir que sin autonomía no hay dignidad y sin dignidad no hay derechos». Por tanto, las decisiones autónomas, al final, «valen más que la propia vida». Desde este punto de partida «absolutamente falaz», sostiene Díez, «la batalla está perdida a medio y largo plazo».

El argumento está calando entre la gente joven; de ahí su dificultad de revertir la tendencia pronto. La prueba está en los trabajos sobre la eutanasia de los alumnos —de entre 25 y 30 años— de José Antonio Díez, que está corrigiendo justo antes de la entrevista con este semanario. «Estas personas tienen un punto de vista absolutamente favorable a la eutanasia, fruto de una labor de años en los que la sociedad los ha machacado con mensajes dirigidos en ese sentido».

A la luz de esta situación, el coordinador de ANDOC no cree que un posible cambio político el 23J pueda revertir esta situación: «Tengo muy poca confianza en que el Partido Popular derogue esta ley». «¿Qué espero yo?», se pregunta Díez. Y él mismo se responde: «Una cosa que sí está en manos del próximo Gobierno, un cambio de mentalidad: que se prestigien los cuidados paliativos, de manera que sean una especialidad que esté presente en todas las facultades de Medicina y que se forme a la gente».