Se aprueba la ley de residuos que obligará a reciclar la ropa, como hace Cáritas

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con los votos en contra de PdCat, CUP, ERC y Vox y la abstención de PP y el BNG el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El texto establece nuevas obligaciones en la gestión de residuos para cumplir con las directivas europeas de residuos y la del plástico de un solo uso.

Para Carlos Arribas, responsable del área de Residuos de Ecologistas en Acción, la nueva norma traspone cosas buenas de la legislación europea y «va un poco más allá», por ejemplo estableciendo unos objetivos de reutilización antes de llegar al vertedero. Pero «no es ninguna maravilla. No establece objetivos ambiciosos de reducción de residuos», sino unos muy similares a los que ya existían para 2020.

La nueva norma establece la obligación para los ayuntamientos de ofrecer a partir de julio de 2022 contenedores separados para tratar nuevos residuos, como restos orgánicos (el 40 % del total de los residuos generados), aceite y ropa, de cara a su reutilización, reciclaje o a la elaboración de compost. La ropa, por ejemplo, se podría tratar en instalaciones «como las que tiene Cáritas en muchas partes, que son importantes». Así, se vendería de nuevo la que está en buen estado y se reciclaría el resto.

Con todo, se corre el riesgo de que se instalen pero sigan vacíos. «Nosotros planteamos que los contenedores sean cerrados, que para abrirlos el usuario se identifique» y que esto sirva para incentivar fiscalmente la separación y el reciclaje. «Se trata de romper la anomia que existe sobre la generación de residuos», y que se pueda identificar quién recicla más o menos, para incentivarlo o penalizarlo por ejemplo modificando el importe de la tasa de basuras.

¿Hacia un sistema de retorno?

Otra novedad es que desde su entrada en vigor se prohibirá la venta de algunos utensilios de plástico de un solo uso, como vasos, platos o pajitas. Y se impondrá un impuesto a la producción de otros, como envases para alimentos, con el objetivo de desincentivar su uso y promover en cambio el de recipientes reutilizables.

En la misma línea va la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) si no se cumplen los objetivos de recogida separada de plástico en 2023. Si no se cumplen, «y todas las previsiones apuntan a que no se cumplirán», apunta Arribas, tendrá que avanzarse hacia un sistema como el vigente en Alemania. Allí, las tiendas cobran un depósito por las botellas, que se recupera al entregarlas de vuelta para su reutilización.

«Habíamos pedido implantarlo directamente, porque es prevención», explica Arribas. «El reciclaje no es la apuesta fundamental. La cuestión es reducir los residuos en origen». Pero el PSOE «era reticente porque Ecoembes y las empresas están en contra».

Otro nuevo impuesto es el canon de hasta 40 euros por tonelada que a partir de 2023 se impondrá un canon a los ayuntamientos o mancomunidades y a las empresas por llevar residuos a los vertederos o plantas de incineración. Una medida que el representante de Ecologistas en Acción justifica porque «no puede ser más barato llevar un residuo a un vertedero que tratarlo».

Dependerá de los ayuntamientos

Por otro lado, la ley incluye la prohibición de añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza, la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, el impulso a la venta a granel y amparo legal a los Ayuntamientos para que puedan prohibir que se fume en las playas. Además, contempla la aplicación de la tecnología para fomentar el uso del biogás y el biometano a partir de purines.

Arribas explica que la norma está limitada por una cuestión de competencias, pues las normativas de residuos corresponden a los ayuntamientos. Así, la ley establece un mínimo y sugiere los métodos más eficaces de recogida, pero no puede imponerlos. Los métodos que más fomentan la separación de residuos son el ya citado de la identificación, unido a una recogida puerta por puerta. Con este sistema, cada día de la semana se vacían pequeños contenedores individuales de un tipo de residuos, lo que obliga a separarlos en el hogar. También se recomienda la puesta en marcha de puntos de compostaje comunitarios, que en los lugares donde están implantados pueden suponer hasta un 40 % de rebaja en la tasa de basuras.

Un retraso de diez años

En lo relativo a los residuos electrónicos, de los que en España solo se recicla el 30 %, «la ley se queda corta. Los puntos limpios deberían ser verdaderos centros de reparación» y reutilización, además de dar nuevos pasos hacia la reparabilidad, por ejemplo fomentando los dispositivos modulares («antes podías cambiar la batería tú mismo y ahora no») o reduciendo el IVA de las compras de segunda mano. Sí considera interesante una orden que está tramitando el Ministerio de Consumo para que los dispositivos electrónicos lleven una etiqueta con su grado de reparabilidad. Además, confía en que esta cuestión se aborde en una próxima directiva europea.

El experto de Ecologistas en Acción explica que «estamos en la parte media-baja de Europa» en cuanto a gestión de residuos, con «un retraso de unos diez años». En nuestro país, las tasas de reutilización y reciclaje de basura están en el 36 % según Eurostat 2020, cuando tendrían que ser del 50 %. «Y abusamos de los vertederos, donde llevamos el 50 % de los residuos municipales». En ocasiones incluso sin tratamiento previo, algo ilegal.

También es muy insuficiente el nivel de separación de basura, con un 80 % que se echa al contenedor de resto. Esto implica, por ejemplo, que los restos orgánicos contaminan otros residuos que podrían reciclarse y dificulta esta labor. Una vez en las plantas, solo se recupera el 5 % de materiales. «Lo que no se separa en casa prácticamente no se recupera», explica Arribas. Además, al descomponerse la basura orgánica se convierte en una importante fuente de metano. Por no hablar de «la gente que vive al lado» de vertederos e incineradoras y «los está sufriendo».