Se acabó el «quien la hace, la paga» en la universidad

Hasta el 2022 seguía vigente un régimen disciplinario para los estudiantes universitarios que se había generado en la dictadura. Se trataba del Decreto de 8 de septiembre de 1954 que se encontraba «en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual», según Ana Ruiz, coordinadora de Pacto de Convivencia —plataforma surgida tras el 11M y de la que forman parte el Arzobispado de Madrid, musulmanes, judíos y evangélicos, así como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y otras instituciones de la sociedad civil—. El enfoque era mayoritariamente punitivista. «El castigo estaba muy presente», recuerda. Pero en 2022 la puesta en marcha de la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria cambió la situación. «El nuevo paradigma hablaba más bien de medidas preventivas, responsivas y reintegrativas frente al “quien la hace, la paga”».

Además, «abrió la puerta a medidas alternativas a la sanción», detalla Ruiz, que está convencida de que el nuevo marco legislativo supone una «oportunidad extraordinaria» para incidir a nivel global en la sociedad. «Las universidades son un punto estratégico», por el volumen de personas que mueven —«estamos hablando de una comunidad de cerca de dos millones»— y por ser el lugar propicio para reflexionar sobre la deriva hacia la que se quiere conducir el país. «En ella se forman los futuros líderes nacionales». Por ello, «es imprescindible» no solo formar «científicamente, en la parte técnica», sino también «en todo lo que tiene que ver con la ética y la ciudadanía». Y se trata de una labor urgente, sostiene la coordinadora de Pacto de Convivencia, porque «cada vez hay más polarización en la sociedad y se disipa, por tanto, la posibilidad de lograr un amplio consenso». En este sentido, Ruiz cree que «España necesita generaciones de jóvenes que cambien la cultura del conflicto».

Propuesta de cambio

La nueva Ley de Convivencia Universitaria, no obstante, estableció unos mínimos que ahora las universidades han de concretar individualmente. Ahí es donde entra en juego la hoja de ruta que ha preparado Pacto de Convivencia: Universidades restaurativas: guía básica para su desarrollo en España. El extenso documento se presentó el martes en la UNED con el objetivo de ofrecer orientaciones a los centros de estudios superiores a la hora de rehacer sus normas de convivencia. «El modelo que proponemos desarrollar integra la justicia y la cultura restaurativa». Según la coordinadora, goza de décadas de rodaje, está valorado internacionalmente y pone el foco en la persona.

De forma concreta, Ruiz habla de «dos instrumentos específicos» que aparecen en la guía y que han preparado desde la plataforma para facilitar el trabajo a las universidades: el Plan Director de Cultura Restaurativa (CURE) y el Programa de Abordaje Restaurativo de Conflictos (ARCO). El primero —que detalla todo el marco teórico— «está diseñado conforme al modelo de los planes estratégicos de las universidades, con los mismo cinco ejes habituales», de tal forma «que pueda integrarse inmediatamente al plan estratégico de cualquier centro». El segundo se detiene en la práctica. Entre las propuestas se sugieren, por ejemplo, los paneles de impacto victimal —reuniones donde la persona causante del daño entra en contacto con víctimas subrogatorias, que hayan tenido experiencias similares—, o los círculos de reentrada, que ofrecen una intervención psicosocial mientras la persona sancionada está alejada de la universidad. Dan la oportunidad de preparar la vuelta al campus. «Cuando hay un conflicto la solución no puede ser la mera expulsión de la comunidad universitaria. Es justo lo contrario. No se trata de quitarse el problema de encima, sino que hay que tratar de resolverlo», concluye Ana Ruiz. «Esa es la responsabilidad que la sociedad nos ha dado a las universidades».