Reino Unido aprueba la ley que dejará a los refugiados «en el limbo durante años»

La Ley de Migración Ilegal que se aprobó el pasado martes en el Reino Unido «está en contradicción con la enseñanza de la Iglesia sobre acoger, proteger, promover e integrar a los refugiados». Paul McAleenan, obispo responsable del área de Migrantes y Refugiados de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, respondió a la noticia afirmando que «los refugiados son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, no un problema político que hay que resolver».

«Nunca debemos hacer que reconocer la dignidad de la gente dependa de de dónde vienen o cómo han llegado a nuestro país», continuó. De hecho, «el llamamiento bíblico a amar al extraño es inequívoco e indiscriminado».

La ley salió adelante en la Casa de los Lores después de que se rechazaran una serie de enmiendas dirigidas a aumentar la protección de los solicitantes de asilo frente a formas modernas de esclavitud y a limitar la detención de menores. «Me aterra particularmente que el Parlamento haya decidido volver a la detención a gran escala de niños dentro del sistema de inmigración», lamentó Sarah Teather, directora en el país del Servicio Jesuita a Refugiados.

En 2015 Teather, entonces miembro del Parlamento, lideró un grupo de investigación sobre la detención de inmigrantes, que criticó su uso «desproporcionado e inapropiado». Como consecuencia, se acabó con la práctica de la detención generalizada de menores migrantes.

Prohibido pedir asilo

Según el SJR, en la práctica la ley prohíbe pedir asilo en el Reino Unido. Cierra esta posibilidad a cualquier persona que llegue de manera irregular si ha pasado, aunque sea brevemente, por un país donde no sufriera persecución. Incluso si es un menor no acompañado o separado de su familia, o una víctima de trata.

De esta forma, impide presentar una solicitud de protección como refugiado o solicitar cualquier otra protección relacionada con los derechos humanos, sin importar que tenga razones justificadas para ello. Esta regulación es contraria a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que reconoce explícitamente que los refugiados pueden verse obligados a entrar irregularmente a un país de asilo.

Además, «dejará a cientos y a miles de personas en el limbo durante años». Como explicaron desde esta entidad a Alfa y Omega el pasado abril, en los últimos años la prioridad del Gobierno era la expulsión de los solicitantes de asilo a otros países por los que hubieran pasado o a Ruanda.

Pero hasta ahora, si esto no se lograba al cabo de un tiempo se procesaba su caso. La nueva ley lo impide y obliga a la devolución. Y, como no hay acuerdos viables de repatriación con terceros países ni el país tiene capacidad operativa para deportar masivas, pueden terminar detenidos indefinidamente. Esta norma «tira cualquier sentido de liderazgo moral del Reino Unido en el mundo en una alcantarilla de odio. Hemos abandonado el principio de protección a los refugiados y negado que tengamos un deber con nadie más en el mundo», criticó Teather.

Peligroso precedente

También se manifestaron duramente contra la aprobación de la ley el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y su homólogo para los Refugiados, Filippo Grandi. «Durante décadas, el Reino Unido ha brindado refugio a quienes lo necesitaban, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, una tradición de la que se ha enorgullecido con razón», afirmó este último. «Esta nueva legislación socava significativamente el marco legal que ha protegido a tantas personas, exponiendo a los refugiados a graves riesgos al quebrantar el derecho internacional».

Las deportaciones que contempla la ley son «contrarias a la prohibición de devolver a los solicitantes de asilo a lugares donde su vida o integridad puedan estar en peligro. También son contrarias a la prohibición de realizar expulsiones colectivas, al derecho a un proceso justo, al interés superior del menor y al derecho a la vida privada y familiar», añadió Türk. Se refería, por ejemplo, a que muchos solicitantes de asilo intentan llegar al Reino Unido precisamente porque tienen allí familiares.

Por otro lado, añadió, «esta ley sienta un precedente preocupante para suprimir las obligaciones relacionadas con el asilo». Otros países, «incluidos los de Europa, podrían verse tentados a seguirlo, con un efecto potencialmente adverso en el sistema de protección internacional».

«ACNUR comparte la preocupación del Gobierno del Reino Unido con respecto al número de solicitantes de asilo que recurren a viajes peligrosos a través del canal de la Mancha», reconoció Grandi. Valoró también los esfuerzos para tramitar las solicitudes de asilo de forma rápida y justa. Pero «con la nueva ley este progreso se verá socavado significativamente».