¿Qué pide la Iglesia a la cumbre del clima que empieza este lunes?

Este lunes comienza en Antalya (Turquía) la cumbre del clima COP31. Con una duración prevista hasta el 20 de noviembre, ha sido bautizada como la «COP de la Implementación»: después de poner sobre la mesa en años anteriores los acuerdos y herramientas para combatir el cambio climático, ahora el foco está en ponerlos en marcha.

Ante esta cita, organizaciones de Iglesia han unido fuerzas con Greenpeace y otras entidades no confesionales para exigir una serie de medidas que de forma efectiva y vinculante permitan dar pasos en una serie de ámbitos. «Advertimos sobre la creciente brecha entre las promesas diplomáticas y la realidad en los territorios: los impactos climáticos son cada vez mayores y, sin embargo, la ambición climática se ve amenazada», aseguran. Por ello exigen que la COP31 «no se diluya en debates procedimentales».

Los convocantes de la declaración son, por parte de la Iglesia, el Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española y Enlázate por la Justicia —Cáritas Española, CONFER, CEDIS, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES—. Las no confesionales son Greenpeace y la Fundación Ecología y Desarrollo. Ellos también «encuentran en Laudato si una fuente de inspiración», aseguran. Al texto se habían adherido, en el momento de su lanzamiento la semana pasada, más de una treintena de entidades más.

Los firmantes exigen «un calendario vinculante para el abandono progresivo del carbón, el petróleo y el gas, sin depender de falsas soluciones tecnológicas» que aspiran a reducir el impacto climático sin actuar sobre estos combustibles fósiles. Es necesario porque la misma industria pronostica que de cara a 2050 la demanda de petróleo y emisiones casi triplicará el límite seguro que permitiría mantenerse en un aumento de la temperatura media del planeta de 1,5ºC respecto a la era preindustrial.

Esto demuestra que «no se puede dejar la transición a merced del mercado ni seguir financiando nuestra propia destrucción con subsidios públicos». Por otro lado, los Gobiernos deben garantizar un calendario de medidas compatible con el segundo Balance Mundial, que evalúa el progreso hacia los objetivos climáticos globales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático bajo el Acuerdo de París.

Para combatir el cambio climático, es necesario que los Gobiernos rindan cuentas de forma rigurosa. Esto implica «planes nacionales (NDCs) auditables», así como la demanda de que los Informes Bienales de Transparencia (BTRs) «aporten datos granulares y verificables para garantizar que los planes nacionales de reducción de emisiones estén verdaderamente alineados con el límite de 1,5 °C».

Por otro lado, los Gobiernos deben publicar de forma «obligatoria e inmediata» un inventario de todos los «subsidios directos e indirectos a la industria fósil». Esto permitirá reorientar estas ayudas hacia otros objetivos como «la protección social y las energías renovables».

La transición energética «debe fundamentarse exclusivamente en fuentes renovables descentralizadas y en la eficiencia energética». Esto implica no prorrogar las infraestructuras de gas ni crear nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles.

En este sentido la Presidencia de la COP31 ha lanzado la iniciativa 35×35, que pretende elevar al 35 % la electrificación de la demanda final para 2035. Los firmantes lo respaldan, pero señalan que esto solo será «verdaderamente transformador» si la electricidad procede totalmente de fuentes renovables y descentralizadas.

En cuanto a la eficiencia energética, recuerdan que según la evidencia científica «el bienestar humano y social puede alcanzarse con niveles moderados de uso de energía». Un aumento exagerado perjudica al medio ambiente sin un beneficio proporcional. Por ello, piden planes de ahorro y reducción del consumo.

Los autores piden «protección integral de los defensores socioambientales», muchas veces amenazados. Reivindican también que se haga operativo el Mecanismo de Belém, creado en la cumbre del año pasado y rebautizado ahora como de Belém-Antalya, con financiación «predecible, participación sindical vinculante y salvaguardas de la OIT para garantizar una reconversión laboral justa» de aquellos sectores vinculados a los combustibles fósiles y otras industrias contaminantes.

Los firmantes de la declaración reclaman asimismo una reconversión agrícola. Para ello, reivindican que el gasto público que se destina a la «agricultura industrial contaminante» se emplee en lugar de esto para «apoyo directo a las familias campesinas y a los modelos de producción agroecológicos».

Los minerales necesarios para la transición energética deben obtenerse «sin colonialismos». La extracción «debe respetar estrictamente el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas y de las comunidades locales.

Para que todos los países puedan afrontar el cambio climático, se reclama que se tripliquen los fondos públicos destinados a la adaptación. Para «cumplir de inmediato» este compromiso, es necesaria «una hoja de ruta con metas numéricas e hitos verificables para cumplir de inmediato».

Además, reivindican que los mecanismos de financiación pública «se canalicen como subvenciones (donaciones) y no mediante préstamos que agraven la deuda pública». Además, el Fondo de Pérdidas y Daños debe contar con más países que contribuyan a él. Tiene que administrarse con «acceso directo y sin barreras burocráticas a los recursos», especialmente para los países del Pacífico y las regiones más vulnerables.

Por último, los convocantes de la declaración de cara a la COP31 consideran necesario «impulsar la cancelación o alivio de la deuda externa de los países en desarrollo vulnerables». Así, podrían «hacer frente a los impactos climáticos». Por el contrario, reclaman «impuestos nacionales e internacionales sobre los beneficios de las corporaciones contaminantes».

La declaración suscrita por entidades de Iglesia y no confesionales exhorta a «mantener la esperanza activa», en línea con otros llamamientos a no dejarse llevar por una resignación o pesimismo que paralizan. Asimismo, invita a «la movilización pacífica. Exijamos a los gobiernos que asuman su responsabilidad moral ante las generaciones presentes y futuras».

Por último, se dirigen a las delegaciones que se reunirán en Turquía para decirles que «el tiempo de los discursos ha terminado. Traduzcan sus compromisos en decisiones vinculantes que defiendan la vida, la equidad y el bien común».