Prohibido nombrar a Rolando Álvarez

En Nicaragua es delito seguir el Misal Romano. «En la Misa siempre se pide por el Papa Francisco y los cardenales, pero la dictadura ha prohibido mencionar a los obispos Rolando Álvarez y Silvio José Báez», explica a Alfa y Omega la activista Haydée Castillo. El último en hacerlo, Isidoro Mora, obispo de Siuna, lleva más de 20 días detenido. Apenas 24 horas después de nombrar al obispo de Matagalpa en su catedral, un grupo compuesto por policías y paramilitares se lo llevó. Tras él, el régimen ha desencadenado una oleada represiva que, al cierre de esta edición, suma ya 20 sacerdotes detenidos.

Según Castillo, exiliada en Estados Unidos desde 2018 «después de caer presa de la dictadura», la mayoría de estos sacerdotes se encuentran en paradero desconocido y sin cargos imputados. «Las detenciones son completamente arbitrarias, no existe ninguna garantía, han sido secuestrados y desaparecidos», denuncia.

Por ejemplo, Carlos Avilés, vicario general de Managua, «fue secuestrado por la Policía, pero no existe información oficial sobre él» ni existe modo de saber si se le están suministrando las medicinas para sus enfermedades crónicas. Ni siquiera se le puede imputar el inexistente delito de rezar por Rolando Álvarez. Según Haydée Castillo, su detención «se debe sencillamente a que, en la rebelión de abril de 2018, los sacerdotes atendieron a víctimas e impidieron a los paramilitares asesinar a muchas personas» y ahora el régimen «va revisando el historial y pasándole la cuenta a cada uno». Considera que Daniel Ortega y Rosario Murillo «están totalmente radicalizados y van a permanecer en el poder cueste lo que cueste».

Con un pie en Estados Unidos pero aún en contacto con sus vecinos, Castillo eleva a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ACNUR las denuncias que le hacen llegar sus compatriotas. A menudo habla con sacerdotes que han pasado por la cárcel y soportado torturas. «Sufren interrogatorios con muchísima presión donde les piden los nombres, apellidos y dirección de los laicos con responsabilidad pastoral», denuncia Castillo, quien recalca que la dictadura de Ortega y Murillo «ya no se conforma con la estructura de la Iglesia y quiere que se delate a los feligreses».

Las torturas que le narran son de todo tipo. «No se les permite ver el sol; las comidas se limitan, tienen gusanos y no se entregan completas». A su juicio, es una práctica que se puede identificar en las imágenes que el régimen reveló de Rolando Álvarez el pasado 2 de enero, después de que el Papa Francisco confesara su preocupación por el país. En ellas se ve al obispo mucho más pálido y delgado. «Es un show mediático y una violación a la dignidad de su persona», denuncia Castillo. Reuniendo testimonios de otros presos políticos, subraya que «antes de presentarlos les incrementan las raciones, cambian su ropa para el día de la foto, los afeitan y arreglan la sala con flores, todo para presentar una pantomima». Aunque sí reconoce que las nuevas imágenes son un éxito de «la gran presión que hemos hecho en el exilio y algunos organismos internacionales que pedían una prueba de vida monseñor Álvarez, porque hacía meses que su familia no sabía cómo se encuentra».

Un logro en el que ha sido fundamental Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado exige «la liberación inmediata e incondicional» de Rolando Álvarez y que mantiene a Nicaragua en la lista de países que violan la libertad religiosa. Y también los esfuerzos de Francisco quien, aparte de mencionar al país el 1 de enero, abordó el día 8 frente al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede la «preocupante situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias». «La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático y respetuoso por el bien de toda la población», recalcó.

Por su parte, Haydée Castillo presume de que «dentro de Nicaragua, el pueblo resiste silenciosamente y en el exterior los exiliados no hemos parado de buscar cómo salir de la dictadura y transitar a la democracia». Una causa que ha llevado al régimen a estrechar el cerco sobre la Iglesia porque «sabe que la pastoral social inevitablemente habla de justicia, libertad, derechos y solidaridad».