Presos italianos restaurarán iglesias dañadas en el terremoto

Cada vez que se desperezan los Apeninos, Italia lo paga con muertos y con la destrucción de su patrimonio. En los últimos 2.500 años se han registrado más de 30.000 terremotos de intensidad media o fuerte, según recogen los datos de Protección Civil. En agosto de 2016 esta cordillera montañosa que atraviesa de norte a sur el país volvió a temblar. Murieron 299 personas y casi 180 pueblecitos medievales fueron afectados. Más de 2.500 iglesias quedaron reducidas a escombros; entre ellas, una joya arquitectónica del siglo XIV, la basílica de San Benito de Nursia, en Umbría.

El terremoto se cebó con Amatrice, considerado uno de los pueblos más bellos de Italia, que contaba con 3.000 obras de valor artístico incalculable. Fue la peor catástrofe en los últimos 50 años, y volvió a poner en primer plano el desafío descomunal que supone para las instituciones italianas la tutela de su patrimonio. Ante una tragedia de este calibre, lo primero —como es obvio— es salvar vidas. Pero en esa primera aproximación, junto a los bomberos también intervienen expertos que coordinan las labores de rescate de todos los cuadros, muebles, esculturas, orfebrería y demás bienes de valor que restan bajo los escombros.

La arquitecta del Ministerio de Cultura italiano Cristina Collettini trabajó en uno de los depósitos temporales a donde fueron trasladadas las obras recuperadas bajo los escombros. «Más allá de la destrucción, una de las imágenes más tristes que se me quedó grabada en la retina fue ver a los vecinos de Nursia rezando de rodillas y llorando en la plaza del pueblo porque se habían derrumbado la Iglesia y el campanario», explica la especialista en patrimonio.

Collettini coordinó las labores de restauración unos meses después del terremoto en un antiguo garaje de maquinaria de la Guardia Forestal de Italia en Cittaducale, provincia de Rieti, reconvertido entonces en hospital de obras de arte maltrechas. «Mucha gente podría preguntarse qué sentido tiene, ante este drama humano, considerar el patrimonio, que se antoja secundario ante cuestiones de vida o muerte», reflexiona. «Pero los habitantes de estos pueblos están estrechamente vinculados al patrimonio cultural e histórico, y necesitan recuperarlo». Junto a ella trabajó la restauradora Silvia Borghini, que, con paciencia, devolvió el esplendor a todas esas obras perdidas: cuadros, estatuas, crucifijos, vírgenes medievales, antiguos relicarios, tabernáculos, estolas y campanas. «Uno de los sonidos que más echaban de menos los vecinos era el del repicar de las campanas porque, en estos pueblos medievales, es lo que marca el paso del tiempo», asegura.

Han pasado seis años y, tras los esfuerzos para reparar las obras, el objetivo es restituirlas cuanto antes a su lugar de origen. El problema es que la mayor parte de las iglesias que las acogían en su seno siguen estando completamente destruidas. Para acelerar su reconstrucción la Conferencia Episcopal firmó en octubre un acuerdo con el Ministerio de Justicia que habilitará a 35 presos para trabajar —descontando así la pena— en las iglesias dañadas por el terremoto de 2016. Una luz que enciende la esperanza de regreso a la sociedad de la que se apartaron hace mucho por la delincuencia. «Si queremos que la cárcel no sea solo punitiva, sino sobre todo redentora, debemos dejar de pensar en ella como una realidad marginal. Dar a los presos la oportunidad de trabajar es una forma de hacerles sentir parte de la comunidad, de darles una perspectiva de futuro y una alternativa válida para que no vuelvan a delinquir una vez cumplidas sus condenas», aseguró el presidente de los obispos italianos, Matteo Maria Zuppi, durante la presentación del acuerdo ante la prensa. Tener un trabajo fuera de la cárcel es, además de una herramienta para recuperar la autoestima, una condición imprescindible para facilitar la reinserción de la población reclusa. Sin embargo, no es un camino fácil para quien lleva años aislado y sin formarse. «La oportunidad de reconstruir edificios les servirá para reconstruir su propia vida y sentirse parte de la comunidad», señaló por su parte la ministra de Justicia, Marta Cartabia. La farragosa burocracia italiana ha retrasado la puesta en práctica del acuerdo, pero se espera que esté operativo a principios del año que viene.