Por primera vez, Bangladés toma medidas contra la ocupación de tierras de una iglesia

En un caso que puede convertirse en un hito para la defensa de los derechos de los cristianos en Bangladés, la Comisión Anticorrupción del país ha acusado a cuatro personas de expropiar ilegalmente terreno de una iglesia. Ismail Hossan, director adjunto de la comisión, informó la semana pasada de que había presentado cargos contra tres funcionarios encargados del registro de propiedades y contra Sirajul Islam, propietario de la empresa inmobiliaria Impulse Builders Limited.

En 2012, el empresario se hizo ilegalmente con el terreno y el cementerio de la Iglesia presbiteriana de Lusai, en la ciudad de Sylhet, al noreste de Bangladés. Los responsables de la comunidad presentaron una reclamación, que no se ha resuelto hasta ahora. «Durante nuestras investigaciones nos hemos convencido de que el verdadero propietario del terreno son las autoridades eclesiales», explicó el investigador a UCA News. También adelantó que los acusados pronto estarán detenidos.

Presuntamente, la operación se llevó a cabo mediante documentos falsificados que calificaban el cementerio de tierra de suelo improductivo. Los funcionarios validaron el documento, y registraron la tierra a nombre de Sirajul Islam. Según estiman los medios locales, su valor de mercado es de 1,2 millones de euros. Impulse Builders Limited ya ha empezado a construir un edificio de varias plantas.

Los cristianos no reclaman

Es la primera vez que una agencia gubernamental persigue a alguien por ocupar terrenos de alguna iglesia, aseguró a UCA News Sangkar Marak, secretario de la Iglesia presbiteriana de Sylhet. Todo un hito en un país en el que estos casos son bastante frecuentes. «En muchos lugares de Bangladés las propiedades de los cristianos están siendo tomadas a la fuerza por esta vía, pero ellos no dan ningún paso para reclamarlas porque temen represalias». La decisión de la Comisión Anticorrupción «nos dará valor y nos ayudará a hacer cumplir nuestros derechos».

Bangladés, donde una población de 160 millones de personas y en crecimiento vive en un territorio de 147.600 kilómetros cuadrados (menos que Andalucía y Castilla-La Mancha), la presión sobre el suelo es enorme. De hecho, entre el 70 % y el 80 % de los conflictos judiciales tienen que ver directa o indirectamente con esta cuestión. Los miembros de minorías religiosas, como cristianos o hindúes, son especialmente vulnerables por su pobreza e inferioridad social.

«También nosotros nos enfrentamos a problemas por la tierra y esperamos que la justicia prevalezca y nuestras propiedades estén a salvo», apunta el padre oblato Soroj Leonard Costa, de la diócesis católica de Sylhet. Por ejemplo, desde septiembre del año pasado se han visto involucrados en una disputa por un terreno con un grupo de musulmanes locales. Durante el conflicto, se produjeron varios intentos de vandalismo y la diócesis tuvo que recurrir a la Policía. Afortunadamente, el caso pudo resolverse amistosamente y sobre el terreno ahora se está construyendo un colegio.