Piden al Defensor del Pueblo medidas para identificar a los migrantes ahogados

102 organizaciones del ámbito estatal e internacional han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo español, pidiendo que defienda los derechos de los migrantes fallecidos en el mar y de sus familias. Es la primera acción de la campaña #VidasSinRastro, que busca denunciar las numerosas trabas burocráticas y la falta de medidas efectivas que tienen que afrontar las familias de las miles de personas que cada año desaparecen o fallecen en la frontera sur.

Las entidades, alentadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y un grupo de activistas internacionales, proponen también que se cree una oficina de atención integral a las familias. Asimismo, piden que se suscriban convenios con los países de origen y que se establezca en colaboración con los países de origen un protocolo para el banco de ADN, que facilite la identificación de los restos.

No se trata solo del «sufrimiento» por «no poder hacer el duelo o por la incertidumbre de desconocer qué ha ocurrido», matizan. La falta de información sobre el destino que han corrido sus familiares «también afecta a muchas cuestiones de la vida cotidiana, como los derechos sucesorios o la posibilidad de rehacer la vida en el caso de personas casadas».

Recurren a activistas

En la actualidad, al no existir «un protocolo claro, con medidas reales y adaptadas a las situaciones que se producen en la frontera sur», muchas personas se ven obligadas a recurrir a «activistas y entidades para localizar a sus familiares», afirman los organizadores de la campaña.

Critican que «la falta de transparencia por parte de la administración hace que las familias dependan de la buena voluntad del funcionariado para conocer el paradero de sus familiares que, en muchas ocasiones, se entierran con el nombre de “desconocido” o de “inmigrante”, despojándoles así de toda dignidad». Apuntan incluso a que la inacción y opacidad puede ser una forma voluntaria de castigo o tortura hacia las familias y de deshumanización hacia las personas que emigran. «La garantía de derechos no puede depender de las buenas voluntades, sino que estos deben ser reconocidos y protegidos con instrumentos y mecanismos reales», recalcan.

12.208 muertos

La campaña se lanzó el martes, cuando en México se celebra el Día de las Madres. En esta efeméride, madres y familiares celebran una marcha para denunciar la desaparición de sus hijos e hijas en las rutas migratorias que atraviesan este país. Esta iniciativa se está extendiendo a otros países como Túnez, Senegal y a otros países africanos. El lanzamiento coincidió también con la muerte de al menos 72 personas en las 48 horas anteriores, en las aguas entre África y Canarias.

Desde que se documentó el primer naufragio de una patera en la frontera sur europea, en 1988, más de 12.208 personas han perdido la vida fruto de las políticas y prácticas migratorias, según cifras de la APDHA. De este modo, denuncian que «la ausencia de vías legales y seguras, los acuerdos de externalización y la progresiva militarización de las fronteras se traducen en una desprotección institucional».