Piden a la UE suspender el acuerdo con Túnez por sus abusos contra los migrantes

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió el pasado miércoles a la Unión Europea que suspenda su reciente acuerdo con Túnez para el control de fronteras. En su último informe, la entidad ha documentado todo tipo de abusos en particular contra los migrantes negros: palizas, tortura, detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, desalojos forzosos y robos.

El acuerdo se firmó pocos días después de que, a principios de julio, cerca de 1.200 personas subsaharianas —incluidos ciudadanos con permiso de residencia y solicitantes de asilo— fueran detenidas en redadas masivas y arbitrarias, expulsadas ​​o trasladadas a la fuerza a las fronteras terrestres con Libia y Argelia, sin acceso a agua, comida o asistencia humanitaria.

Tras más de una semana, al menos un centenar continúan atrapadas en la frontera con Libia. Algunos testimonios aseguran que varias pueden haber muerto o sido asesinadas, aunque Human Rights Watch no ha podido confirmarlo. Cerca de 600 —entre ellas una treintena de menores y varias mujeres embarazadas— han sido realojadas en refugios y otras instalaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en las regiones del sur del país. Y al menos 200 han mostrado su interés por el «retorno voluntario», según la Media Luna Roja.

Paradójicamente, la UE ha anunciado en los últimos días que se va a firmar un acuerdo de financiación con ACNUR para atender a los migrantes abandonados en el desierto por el mismo Gobierno al que financia para que les impida el paso.

El pasado domingo la Comisión Europea y el Gobierno del país magrebí firmaron un memorando de «asociación estratégica». El acuerdo incluye un paquete macrofinanciero por valor de 1.000 millones de euros, incluidos 105 millones de euros para la gestión de fronteras, búsqueda y salvamento, lucha contra el contrabando y retornos.

«No es un país seguro»

Túnez «no es ni un lugar seguro para el desembarco de nacionales de terceros países interceptados o rescatados en el mar ni un “tercer país seguro” para el traslado de solicitantes de asilo», aseguró HRW, según informa EFE. El memorando —que todavía debe ser aprobado formalmente por los Estados miembros de la UE— no incluye garantías «serias» de que las autoridades vayan a evitar violaciones de los derechos humanos. Por este motivo, HRW pidió su suspensión para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de su impacto.

Pese a que los abusos documentados en el informe de HRW tuvieron lugar entre 2019 y 2023, la mayor parte ocurrió tras un discurso «racista» del presidente Kais Said el pasado febrero. En él, Said pidió a las Fuerzas de Seguridad tomar medidas urgentes contra las «hordas» de migrantes, que según él forman parte de una «conspiración» para cambiar la identidad «arabomusulmana» de Túnez.

«Prevenir las llegadas de migrantes mediante la externalización de los controles migratorios a terceros países se ha convertido en un elemento central de la respuesta de la UE a la migración y ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos», lamentan los autores del informe.

Primer punto de partida

Entre 2015 y 2022, recordó la ONG, la UE financió políticas relacionadas con la migración irregular en Túnez, incluyendo el refuerzo y equipamiento de los guardacostas para prevenir y detener las pateras, con entre 93 y 178 millones de euros a través de diferentes acuerdos. Y no siempre de manera transparente.

En el primer semestre del año, Túnez ha superado a la vecina Libia como punto de partida de la migración irregular. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de las cerca de 70.000 llegadas a Italia, 37.700 lo hicieron desde la costa tunecina.

Durante el mismo periodo, las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 3.500 migrantes en situación «irregular» e interceptaron a más de 23.000 personas que trataban de cruzar el Mediterráneo central, la ruta más mortífera que se conoce.