Pastoral Penitenciaria pide a los jueces que humanicen las sentencias y medidas alternativas a la prisión

«Soñamos con un mundo donde cada vez haya menos presos. Un mundo positivo que vaya superando la prisión como recuperación de la persona para la sociedad, en la cual lo normal sean sentencias que se cumplan a través de medidas alternativas en un entorno social y familiar positivo para la persona». Esta es la principal conclusión del X Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, celebrado en El Escorial (Madrid) del viernes al domingo sobre el tema Otro cumplimiento de pena es posible.

Según se recoge en la declaración final, los cerca de 250 congresistas —delegados diocesanos, capellanes, voluntarios que trabajan en las cárceles— sostienen que «la prisión no es la solución a determinados delitos», que podrían abordarse desde un enfoque «más educativo y restaurativo que punitivo». «Más humano que castigador», abunda el texto. «Apostamos —continúa— por un cambio de mirada con respecto al castigo y la prisión, pasando de la prisión y represión a una mirada por la reinserción de la persona privada de libertad y la restauración de la víctima».

Una propuesta que va a requerir que los jueces humanicen las sentencias, esto es, que «miren el rostro del penado y favorezcan su inserción social» y que apuesten por medidas alternativas a la cárcel «sin condicionamientos sociales y mediáticos». Pero que tendrá que suponer también un cambio de mentalidad a nivel social, de modo que «se supere el binomio delito cárcel como única alternativa», se apueste por las segundas oportunidades y se asuma que «las políticas sociales garantizan más seguridad que la prisión»: «Invertir en políticas sociales de prevención y desarrollo evitan el ingreso en prisión y favorecen una mayor justicia social».

Incluso harán falta modificaciones legislativas que adapten la ley «a la realidad social y a las necesidades de los tiempos actuales». En este sentido, la Pastoral Penitenciara insta a revisar la legislación de las condenas largas —entre las que se incluiría, aunque no la cita, la prisión permanente revisable— «sin un horizonte de esperanza y mucho menos de rehabilitación».

El compromiso de la Iglesia

Las peticiones también se dirigen hacia dentro de la Iglesia para hacer un llamamiento a ejercer una «actitud samaritana» con los privados de libertad para ayudarles «en su camino de reconciliación» consigo mismos, con las víctimas y con Dios.

«Que nuestras comunidades cristianas estén abiertas a acoger a los internos en libertad, como un miembro más de la comunidad. Que pongan sus medios, materiales y espirituales, en este camino de reinserción social y espiritual. Que promueva el voluntariado penitenciario. Que cuide y acompañe a las familias de los privados de libertad. […] Que se esfuerce en la sensibilización y motivación de las parroquias, asociaciones y movimientos de la Iglesia para acoger a personas con medidas alternativas a la prisión», solicita.

El congreso, que lo inauguró el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Juan José Omella, contó con una importante participación de la sociedad civil. Entre ellos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que fue jueza de Vigilancia Penitenciaria.