Párroco de Latakia (Siria): «Los yihadistas han publicado vídeos amenazando a los cristianos»

En Latakia, una de las localidades de la costa siria donde hace dos semanas se produjo una masacre de civiles alauitas, «todavía hay muchísima tensión», describe el franciscano Fadi Azar. La semana pasada representantes del nuevo Gobierno explicaron a los sacerdotes que «toda la ciudad estaba bajo su control pero que aún había problemas en los pueblos». Sin embargo el lunes, sin razón aparente, «estuvimos cinco horas sin teléfono ni internet». 

Sus feligreses «temen por su vida y nos piden ayuda para pedir refugio en Europa». Entre las 1.400 víctimas de la oleada de violencia hubo una decena de cristianos «con nombres y apellidos». Azar celebró el funeral por tres, incluidos un padre y un hijo. Hombres armados «les pidieron el carnet por la calle, vieron que eran de Qardaha», la ciudad del exdictador Bashar al Assad —derrocado en diciembre— «y dispararon contra ellos». En Banias hubo ataques y robos contra casas cristianas. 155 familias maronitas y otras ortodoxas dejaron esa ciudad y huyeron a aldeas cristianas de los alrededores. Al revés, en su parroquia de Latakia están alojando a cinco que abandonaron su pueblo.

Los culpables de los asesinatos en masa «no fueron las fuerzas del nuevo Gobierno», asegura el franciscano. Los atribuye a «yihadistas llegados de distintas partes de Siria» en represalia por las emboscadas de exmilitares que sirvieron con Al Assad. «Tienen armas y quieren retomar el poder. Bajan de las montañas y atacan puestos de control o bases militares». Pero los terroristas pusieron en el punto de mira a los alauitas, la minoría religiosa del exdictador. «Recorrieron barrios enteros» y varios pueblos y «los mataron familia por familia». Los sunitas que intentaron impedirlo también cayeron. Las fuerzas del nuevo régimen están combatiendo a los yihadistas, afirma Azar. Pero «también están molestos por los ataques» de los assadistas. Mientras, los islamistas «han publicado vídeos amenazando a los cristianos. No se sabe qué puede pasar», concluye.

La masacre arroja una gran sombra sobre la transición en el país. Mientras muchos alauitas huían al Líbano, el 13 de marzo el presidente interino, Ahmed al Sharaa, firmó una declaración constitucional que regula el funcionamiento de las instituciones para una transición de cinco años. Se ha elaborado en un tiempo récord: en mes y medio se anunció, organizó y celebró una Conferencia de Diálogo Nacional con 900 participantes y un comité creado después redactó el texto. Este afirma que el presidente de Siria será un musulmán sunita y cita la ley islámica como «la principal fuente de la legislación». No tardó en ganarse el rechazo de los kurdos y los drusos, dos grupos que en los días previos habían firmado importantes acuerdos con el Gobierno para integrar su territorio e instituciones en el nuevo Estado sirio.

La Constitución provisional «tiene puntos positivos, pero también muchos negativos», afirma el sacerdote Jihad Yousef, superior de la comunidad de San Moisés (Mar Mousa), que junto con obispos y laicos cristianos participó en el Diálogo Nacional. «Otorga demasiado poder al presidente», critica. También se aleja de lo que él escuchó en esa gran cita, que «fue positiva e importante» a pesar de problemas organizativos por la prisa con la que se convocó. Valora la diversidad de etnias, religiones y perfiles de los participantes, y el tono suave y respetuoso en el que se debatió a pesar de las diferencias. 

El papel de la ley islámica fue precisamente «el punto más controvertido». En su grupo de trabajo, de unas 60 personas, solo «siete defendieron que la sharía debía ser una fuente de la legislación. Los primeros en criticarlo fueron otros musulmanes, sobre todo especialistas en derecho». Curiosamente, este tema estuvo ausente de las declaraciones inicial y final. Cree que se quiso evitar, como otras «cuestiones sensibles». Pero volvió a aparecer en la declaración constitucional. Cree que se ha cumplido algo que le preocupaba a él y a otros que durante el encuentro reivindicaron que este debía ser el comienzo de un diálogo de meses, no un breve ejercicio de «diálogo popular teórico» simplemente para «legitimar decisiones posteriores» de las autoridades «que no reflejen» lo que allí se habló.

Frente a esto, los cristianos subrayaron «la necesidad de igualdad ante la ley y una ciudadanía» común, «con los mismos derechos y obligaciones». «Un paso crucial es construir un contrato social aceptable para todos. ¿Sobre qué base convivirán sunitas, alauitas, cristianos, drusos, ismailitas, chiitas, árabes, kurdos, circasianos, yazidíes o turcomanos? ¿Queremos vivir juntos?».