Los mayores también piden a la Administración y a los comercios salvar la brecha digital - Alfa y Omega

Los mayores también piden a la Administración y a los comercios salvar la brecha digital

Tras el abandono que han sufrido por parte de las entidades bancarias, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores afirma que lo que hace falta es «decisión a nivel empresarial y político»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
«¿Cómo puede ser que los bancos no faciliten a los mayores sacar un dinero que es suyo?», dice el presidente de CEOMA. Foto: Valerio Merino.

«No solo tienen que ponerse las pilas los bancos. También las administraciones nos lo están poniendo difícil a los mayores, y los comercios, y los centros de salud, y la compañías de seguros, y los medios de transporte… En cualquier gestión que tengas que hacer, la tecnología está siendo una barrera para nosotros. Los medios informáticos no son fáciles de utilizar para una persona mayor. Hoy llamas a cualquier sitio y lo primero que te sale es un ordenador, luego te van a pasar con un agente y la señal te da comunicando. Es una frustración constante. Podría dar 100.000 ejemplos de cómo la tecnología nos está haciendo la vida cada vez más difícil», afirma Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Martínez señala que «con la edad disminuye la visión, los reflejos, las capacidades, la audición…», lo que va en contra de la posibilidad de hacer gestiones y compras, o de relacionarse con las diferentes administraciones, lo cual supone «un auténtico maltrato psicológico» hacia los mayores.

En este sentido, el presidente de CEOMA reclama «medidas que en realidad sería fácil tomar. Lo que hace falta es decisión a nivel empresarial y a nivel político. Tienen que coger el toro por los cuernos, hay que querer solucionar esto».

Mientras se cumple el ultimátum de un mes que el Gobierno ha dado a las entidades bancarias para ofrecer soluciones a este problema, Martínez sugiere que los bancos «dejen de echar gente a la calle y de cerrar oficinas». «Hacen falta cajeros automáticos más amigables y más sencillos, con voz incluso, y que siempre haya un empleado que pueda ayudar cuando sea necesario», agrega.

En esta misma línea, llama la atención sobre los 170.000 millones de euros pasan al año por los bancos procedentes de las pensiones de los mayores: «¿Cómo puede ser que los bancos no faciliten a estas personas la manera de sacar un dinero que es suyo? Es un edadismo total, injusto».

Para Martínez, este problema no es nuevo: «Lo llevamos detectando desde hace tanto tiempo que en CEOMA hemos dado formación en nuevas tecnologías a 20.000 mayores en los últimos años». Otra solución que propone es «enseñar desde la escuela qué es una persona mayor».

Pero todo empieza por «ser conscientes del problema», asegura, y destaca que «hoy los mayores constituyen el 20 % de la población en España, y en 2030 serán una cuarta parte los que tengan más de 65 años». «Todo lo que haga la sociedad por los mayores, en realidad lo estará haciendo por sí misma», concluye.

Un factor de exclusión

«La pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, el nuevo analfabetismo del siglo XXI», denuncia el último informe Foessa, presentado por Cáritas la semana pasada.

En él, la entidad denuncia que casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el fenómeno del apagón digital, lo que significa que 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los conformados solo por personas de 65 y más años. Así, de los hogares mayores de 65 años, solo la mitad dispone de conexión a Internet, un dato que se reduce drásticamente en los conformados únicamente por personas de 75 o más años.

Por ello, Cáritas alerta sobre «una población mayor que está en situación de apagón digital, o con dificultades para desenvolverse digitalmente», lo que les obliga a «hacer un esfuerzo específico porque siempre se han desenvuelto sin ellas», una necesidad «que las propias administraciones públicas podrían estar obligando a crear».