No se puede salir de Boulsa (Burkina Faso) por el norte: es camino yihadista
La Iglesia local se esfuerza por atender a los desplazados por el terrorismo, las aldeas se vacían y los sacerdotes ya apenas pueden visitarlas. ACN les dedica su campaña de Navidad
Domingo del Buen Pastor, 12 de mayo de 2019. Olivier Lompo, párroco de Dablo (Kaya, en Burkina Faso) estaba en otra iglesia cuando 100 mensajes le alertaron de que los yihadistas habían atacado su parroquia. Llegaron en motocicleta, mataron a su vicario, Siméon Dakiisweênde, y a otros cinco hombres, «incendiaron la sacristía» y dispararon al sagrario. Cuando llegó, un feligrés velaba los cuerpos. Todo el pueblo terminó huyendo. Aun así, consideran «una gracia» haber dado «testimonio de Dios a través del sufrimiento». Lompo, ahora destinado en España, presentó la semana pasada la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), dedicada a su país.
Dablo fue de las primeras comunidades afectadas en 2019, cuando el yihadismo presente desde 2015 dio un salto cualitativo y poblaciones enteras empezaron a huir en la que para ACNUR es la crisis de desplazamiento que más rápido crece: dos millones de personas hasta hoy. Ejemplo de ello es Boulsa, también en Kaya —al noreste de la capital, Uagadugú—, con 172.000 habitantes y 60.000 desplazados. El sacerdote Theodore Kaboré explica a Alfa y Omega que llegan cristianos, animistas y musulmanes. «Al principio los terroristas atacaban más las iglesias». Pero al no lograr su meta de dividir a la sociedad «empezaron a ir contra todos». Aunque los múltiples grupos se presentan sobre todo como parte de Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM), filial de Al Qaeda, su motivación varía de unos a otros por cuestiones locales, explica Daniel Eizenga, del African Center for Strategic Studies (ACSS).
Las familias suelen llegar a Boulsa separadas porque los yihadistas «buscan a los hombres» y las mujeres «van más seguras solas. Algunos han visto asesinar a sus parientes». Parte son acogidos por familias cristianas. El resto vive en campamentos, donde la Iglesia construye fuentes y letrinas, aunque Kaboré subraya que la ayuda «principal es rezar por los muertos y por la paz». También reparte comida y menaje en unión con Cáritas, el Programa Mundial de Alimentos y ACN. La fundación pontificia ofrece además estipendios de Misas para el sostenimiento de los sacerdotes. Él nos atiende al regresar de una de sus 45 «sucursales», a 17 kilómetros. Allí aún es posible ir «con mucha cautela. Más allá no». En dirección norte «no se puede salir ni cinco kilómetros porque hay un camino que usan los terroristas y llega hasta nosotros». El 40 % del territorio del país lo controlan estos grupos, no el Gobierno.
En Dedugú, a 230 kilómetros al oeste de la capital, los carmelitas descalzos de la parroquia de la Sagrada Familia ya no van de forma fija a las aldeas. «De vez en cuando se arriesgan» y las visitan sin avisar para reducir el riesgo, relata el provincial, Florent Traoré. Él mismo viaja en autobús para no señalarse. El resto del tiempo la pastoral la llevan los catequistas locales, asumiendo el peligro. Incluso en los poblados bajo los yihadistas: «Les permiten rezar en las casas; pero no celebraciones públicas». Como otras congregaciones, la orden ha decidido trasladar el noviciado de Dedugú a Uagadugú en cuanto consigan fondos para construirlo —sus dos novicios ya estudian con becas—. Cuatro carmelitas se quedarán en la parroquia, pero «una casa de formación necesita un lugar más seguro», justifica Traoré. Este año no ha ingresado, por miedo, un candidato de Togo.
Desde los dos golpes de Estado de 2022 «la influencia yihadista y las áreas atacadas han crecido drásticamente y el número de víctimas se ha triplicado», asegura Eizenga. Por eso, aunque las estimaciones para 2024 parecen más bajas —1.242 atentados y 7.050 víctimas frente a 1.553 y 7.769 en 2023— ya que «son cada vez más difíciles de rastrear», hay indicios de que en realidad «están al alza».
El año pasado en Boulsa casi no celebraron la Pascua porque los terroristas amenazaban con llegar al centro de la ciudad. «Ahora no creo que fuera posible» gracias a las fuerzas de seguridad, afirma Kaboré. De hecho, algunos desplazados han empezado a volver a casa con cuentagotas o al menos ir y venir, «hartos» de carencias. Pero la mayoría sigue siendo cauta pues no hay estabilidad y algunos «han muerto por las minas» de los islamistas. Tampoco en la ciudad se sienten del todo seguros: «Los terroristas tienen cómplices que pueden estar entre nosotros». Esto, reconoce, ha generado desconfianza y «una fractura social», que hace aún más necesario «mantener vivo el diálogo interreligioso».
Un proyecto prioritario es pagar la escolarización de niños desplazados en centros católicos para «construir una sociedad en paz», afirma Kaboré. Con formación, será más difícil que los terroristas los recluten. No pueden llegar a todos, pero priorizan a los más vulnerables.
3.000 muertos por el yihadismo desde 2015 según ACN, aunque el ACSS los eleva a 23.740.
62 % de las muertes por terrorismo islamista del Sahel y el 48 % de los atentados ocurren en Burkina (ACSS).
La conferencia episcopal del país tiene información de 100 posibles casos de martirio. Según su portavoz, Pierre Sanou, se está haciendo un primer balance para implementar una estrategia de recogida de datos.