Nicaragua expulsa a dos religiosas y confisca un monasterio

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a actuar contra la Iglesia de Nicaragua y, más concretamente, contra las congregaciones religiosas. Este miércoles fueron expulsadas dos monjas y el martes el Gobierno confiscó un monasterio. Se trata de una muestra más de la persecución religiosa desatada por la pareja presidencial contra los católicos desde abril de 2018, cuando se desató una crisis social en el país —que perdura en la actualidad— a raíz de la reforma de la Seguridad Social.

Las dos hermanas expulsadas pertenecen a la congregación de las Dominicas de la Anunciata y responden al nombre de Isabel y Cecilia Blanco Cubillo. En Nicaragua colaboraban en el hogar de ancianos López Carazo, donde atendían a cerca de 40 personas mayores, y en el colegio Susana López Carazo, con cerca de 800 alumnos. Anteriormente, habían trabajado en el asilo de Rivas, atendido por la congregación de la Anunciata desde 1958.

Tanto Isabel como Cecilia salieron del país por el paso fronterizo de Peñas Blancas. Allí se reunieron, sobre las 14:00 horas, con otra hermana de sangre, Violeta Blanco Cubillo, y con su esposo, Carlos Vargas. También se trasladó hasta allí el sacerdote Juan de Dios Bermúdez, que fue enviado por el obispo local, Manuel Eugenio Salazar, para brindar apoyo a las religiosas.

Estas dominicas de la Anunciata se suman, así, a una larga lista de religiosos y sacerdotes que se han visto obligados a dejar el país centroamericano. El último de ellos es el sacerdote panameño Donaciano Alarcón. El propio Alarcón informó de su expulsión la semana pasada, que se produjo, supuestamente, por haber predicado a favor del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años por «traición a la patria».

Un día antes, el 11 de abril, el Gobierno de Nicaragua confiscó el monasterio de las hermanas trapenses, situado en San Pedro de Lóvago (Chontales) y se lo otorgó al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola (INTA). Las religiosas estaban fueran del país, en Panamá, desde el 25 de febrero, aunque su salida fue de carácter voluntario.