Ni una prueba contra el obispo del pueblo

Desde 2018, año del estallido social, la dictadura de Nicaragua ha perpetrado más de 400 ataques contra la Iglesia católica. La arremetida del régimen ha incluido la profanación de templos, el asesinato de un monaguillo de 15 años, la expulsión humillante de las misioneras de la Caridad, el arresto de una docena de religiosos y el juicio a Rolando J. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, y al padre Uriel Vallejos, que actualmente se encuentra en el exilio.

Los líderes religiosos de Nicaragua perseguidos por la dictadura son acusados, entre otras cosas, de difundir noticias falsas y participar en conspiraciones. Sin embargo, no se ha presentado una sola prueba sobre las presuntas noticias falsas o la manera en que han conspirado contra la patria.

Ahora todas las miradas están puestas en el obispo del pueblo. Durante el mes de agosto de 2022, Rolando Álvarez fue encerrado durante 15 días en la Curia, vigilado por un destacamento policial, tropas especiales e incluso drones. El régimen le ofreció la cárcel o el destierro, pero el obispo se negó a abandonar su misión profética.

El caso viene de atrás, pero se desencadenó en la madrugada del 19 de agosto de 2022. Ese día, el prelado fue arrestado en un allanamiento violento a la Curia de Matagalpa. Horas más tarde, la Fiscalía confirmó su detención y lo trasladó a un lugar no determinado de Managua. De acuerdo a los reportes de organismos de derechos humanos, a Rolando Álvarez le violentaron sus derechos a la libertad de expresión y religiosa, a la libertad de movilización, a la presunción de inocencia y al respeto a su integridad física, psíquica y moral.

La vista oral, que ya se ha celebrado, llega después de que el obispo haya pasado cuatro meses detenido sin acusación formal y sin ningún amparo legal. Todo se ha desarrollado de forma oculta, silenciosa. De hecho, su expediente es un misterio.

Tras la vista preliminar, la jueza decidió mantener a Álvarez bajo arresto domiciliario y mandarlo a juicio, pero, a pesar de que toda persona tiene derecho a un abogado, al obispo se le negó este derecho y se nombró, por la fuerza, a un miembro del partido sandinista para que lo represente.

Pero este no ha sido el único atropello a sus derechos. El obispo de Matagalpa fue trasladado, por la fuerza y sin orden judicial, desde su departamento a Managua, violentando la jurisdicción correspondiente del caso. Por otro lado, Álvarez llevaba 144 días detenido antes de la sesión preliminar, cuando el máximo son 90 días según los procedimientos legales nicaragüenses.

Ante esta injusticia, el también obispo Silvio Báez, auxiliar de Managua, expresó lo que sentimos una gran cantidad de compatriotas: «Es un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo, Rolando Álvarez. Ultrajándolo se condenan a sí mismos. ¡Rolando, no estás solo! Estamos contigo, rezamos por ti y exigimos tu libertad. Contigo está Dios, quien no abandona a sus profetas».