Ni acto médico ni clamor popular

El acto médico es toda actividad ética y no jurídica, lícita, desarrollada por un profesional médico legalmente capacitado, orientado a la curación o al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. La ley de eutanasia que está en proceso de tramitación se carga de un plumazo la esencia de la medicina. Desprecia a Hipócrates y se burla de los aplaudidos y considerados hasta ayer mismo auténticos héroes y heroínas del año. Es falso que la eutanasia sea un acto médico. ¡Déjense de hipocresía! Hay que decirlo: no existe un derecho a la muerte. Lo que existe es un derecho a la vida, aunque esta sea anterior a aquel y de superior rango. Además, esta ley es contraria al Código Deontológico, ha obviado al Consejo de Estado, va contra el criterio de la Asociación Médica Mundial y del Comité de Bioética de España –que se opuso por unanimidad a ella–, y también choca con la última carta sobre el cuidado en las fases terminales de la vida de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Mienten los medios cuando dicen que esta ley era y es un clamor popular. Si usted me preguntara si estoy de acuerdo con una ley que regule el derecho a tener una muerte digna, votaría que sí, y lo que me extraña es que solamente el 77 % de los encuestados respondieran afirmativamente a una encuesta del CIS de 2011. Si me preguntara si un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos proporcionen algún producto para afrontar el final de su vida sin dolor, igualmente diría que sí. El 84 % de los españoles dijeron que sí a Metroscopia en 2017. A preguntas equívocas, respuestas manipulables. No es cierto que un paciente incurable tenga que morir antes de tiempo por no poder dominar un dolor insoportable. Aquí está la demostración palpable de la ignorancia y el desprecio por los cuidados paliativos, producto del desconocimiento de la moderna analgesia o del correcto uso de la sedación dentro del marco ético que la regula.

Un gobierno podría ahorrar con esta ley unos 100 millones de euros al año, según los estudios del Gobierno de Canadá. Económicamente la eutanasia es un win win para las arcas del Estado. En cambio, dar soporte a pacientes y desarrollar los cuidados paliativos, tanto en la estratificación sanitaria como entre el personal sanitario y asistencial, supone un coste económico difícil de asumir si, como hoy en España, se tiene una visión reduccionista del ser humano. ¿Cuántas personas vulnerables y con enfermedades terminales podrían tener un final rodeadas del calor y el cariño de los suyos? Actualmente casi 80.000 enfermos terminales mueren con una gran desesperación, también de sus familiares y de los sanitarios, por no tener acceso a paliativos. ¿Cuántos de estos pacientes conservarán la confianza en sus sanitarios y en sus hospitales si se aplica la ley? En los países donde se ha implantado esta ley ya es proverbial la desconfianza y el miedo. Es la prostitución de la profesión sanitaria, una de las más bellas y vocacionales.

Vemos que existe la voluntad de conformar condiciones que claramente conducen a acabar con la vida de los más débiles, en lugar de cuidarlos. Pero no nos engañemos. No es solo el argumento economicista el que apoya la eutanasia, sino el afán de hacer desaparecer las raíces cristianas de la civilización occidental. A quienes consideren esto una exageración los invito a examinar la situación de los países más avanzados en esta materia. Los Países Bajos comenzaron con menos de 2.000 enfermos y el número de actual de muertes por eutanasia asciende a 6.000; mientras que en Bélgica se producen 2.500, después de duplicarse en estos últimos diez años, y se ha extendido a niños. Haciendo una proyección moderada según el número de habitantes, en España podemos prever más de 10.000 muertes por eutanasia al año. Es la denominada pendiente resbaladiza.

En la nueva ley, en la disposición adicional primera, tendrá la consideración legal de muerte natural. Señores, en primer lugar y a todos los efectos, esto está en abierta contradicción con la realidad por razones obvias. En segundo lugar, contradice también, y entiendo que será objeto de debate jurídico, otras normas como el Código Penal, que en sus artículos 391 y 393 regula la falsedad de documento público. No soy experto en derecho, pero me pregunto: ¿puede una ley decir que algo es lo que no es?, ¿qué necesidad hay de retorcer la verdad hasta ese punto? Dejen de mentir. Como dice Cicerón, «no hay género de injusticia peor que la de quienes, en el preciso momento que están engañando, simulan ser hombres de bien» (De oficiis, 1, 13, 41).

Se ha acudido a casos excepcionales para justificar la ley y no se habla del efecto dramático que tiene en una sociedad apostar por la muerte desde sus instituciones. ¿Cabe mayor ignominia? ¿Se le puede llamar progreso? ¿Qué motivación les queda a los médicos y sanitarios que investigan la analgesia en pacientes terminarles si la primera opción institucional es la muerte directa en lugar de los cuidados y la eliminación del dolor?