Navarro-Valls: obligar a un objetor a facilitar el aborto «es robarle su derecho»

Obligar a un médico objetor al aborto o a la eutanasia a derivar a quien le solicita esta práctica a otro profesional «es robarle el derecho a la objeción de conciencia». Rafael Navarro-Valls, catedrático emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ha rechazado este miércoles la decisión de la Asociación Médica Mundial de considerar esta derivación como un deber. Así se incluye en el borrador del nuevo Código Internacional de Ética Médica, cuya aprobación final se está ultimando.

Sus palabras, pronunciadas durante un encuentro con profesores en la Universidad Francisco de Vitoria, se referían también al informe Matic, que se está tramitando en el Parlamento Europeo. Se trata de una resolución no vinculante que define el aborto como un «derecho humano». Podría votarse en la próxima sesión plenaria, los días 23 y 24 de junio. Y su aprobación o no depende en gran medida del Partido Popular Europeo.

«Eliminar los obstáculos» al aborto

El documento llama a los Estados miembros de la UE a «descriminalizar» esta práctica, así como a «eliminar y combatir los obstáculos». Llega incluso a afirmar que «una prohibición total del aborto o una negativa a los cuidados del aborto son una forma de violencia de género».

Uno de dichos obstáculos puede ser la objeción de conciencia. Aunque el informe reconoce este derecho de los médicos «de manera individual», lamenta que «a veces la práctica común en los Estados miembros permita a los responsables médicos y, en algunos casos instituciones médicas enteras, rechazar estos servicios médicos». La objeción, por tanto, no debe «interferir en los derechos de los pacientes a la hora del pleno acceso a los servicios de salud».

Big bang

El encuentro del catedrático emérito de Derecho con los profesores de la UFV ha sido el broche final al curso de formación permanente organizado por el Departamento de Humanidades de dicha universidad. Durante la misma, Navarro-Valls ha subrayado cómo en las últimas décadas se está «generando una especie de big bang» de estos conflictos entre ley y conciencia.

Así, de la objeción al servicio militar se ha pasado a la negativa a formar parte de un jurado, a prestar juramento o a trabajar en días que se consideran sagrados. Pero, sobre todo, «a lo que los juristas llamamos la encrucijada sangrienta del Derecho: la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, etc.». Además de la multiplicación de casos, el jurista ha subrayado la «tenaz persistencia» de los mismos. Esto ha obligado a pronunciarse sobre este derecho fundamental a instituciones del más alto nivel, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Los registros, voluntarios

Cercano intelectualmente al ámbito jurídico anglosajón, Navarro-Valls ha alabado diversas sentencias en este sentido en Estados Unidos, donde «se están reconociendo ámbitos muy amplios de objeción de conciencia». Por ejemplo, la negativa de una enfermera a preparar el instrumental para los abortos o a manipular los restos fetales; la de un inspector tributario a tramitar exenciones fiscales a entidades abortistas; la objeción al aborto de una enfermera que asistía a ellos sin problemas pero decidió dejar de hacerlo; e incluso la objeción no de una persona particular, sino de una institución al completo.

Por otro lado, el jurista ha subrayado que aunque las autoridades públicas en cada comunidad autónoma decidan implantar registros de objetores al aborto o la eutanasia, estos deben ser voluntarios. «Si alguien no se apunta en el registro no afecta para nada a su objeción de conciencia. Está perfectamente protegido», ha asegurado. Esto se debe a que la objeción es «un derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución», dedicado a la libertad ideológica.