Nace la Comisión Jurídica por la Libertad de Educación «para hacer frente común» ante la ley Celaá

Ante la grave situación que atraviesa el derecho fundamental a la Libertad de Educación en España, se ha constituido la Comisión Jurídica por la Libertad de Educación. Se encuentra integrada por varios despachos de abogados de toda España –desde Asturias hasta Andalucía, pasando por Madrid o Baleares, que llevan años defendiendo ante los Tribunales la Libertad de Educación. Francisco La Moneda Díaz es su director. «Lo que nos une a todos es que llevamos años bregando ante los tribunales con acciones judiciales en defensa de la libertad de educación y de la asignatura de Religión», asegura en conversación con Alfa y Omega.

La idea surge ante las amenazas de este derecho fundamental y también «por la necesidad de coordinar todas las acciones que distintos despachos de abogados estábamos llevando a cabo en toda España a favor de la libertad educativa». Cuando la ley Celaá estaba en fase de proyecto, «decidimos constituirnos para poder hacer frente común a la hora de interponer acciones judiciales».

Informe jurídico

La Comisión, que cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española, de la Fundación Cultural CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, ya ha comenzado su actividad. El primer movimiento ha sido la elaboración de «un informe jurídico bastante extenso, de unas 40 páginas, en el que se ofrecía un argumentario jurídico a los partidos políticos para que pudieran presentar razones contra la ley Celaá durante la fase de enmiendas», explica La Moneda.

A partir de aquí, la Comisión Jurídica tiene previsto la presentación de diferentes acciones judiciales ante los tribunales, «incluso en los tribunales europeos e internacionales», y también «estamos a disposición de cualquiera para asesorar en las acciones que ellos mismos pueden emprender», asegura el director.

Vulneración de derechos fundamentales

La Moneda justifica el nacimiento de la Comisión y todas las acciones judiciales futuras porque «lo que está ocurriendo es que se están vulnerando derechos fundamentales aprobados en pactos, convenios y tratados internacionales». «No estamos hablando de que se vulneran principios genéricos», subraya el director de la Comisión. «No, vulnera preceptos concretos de la declaración universal de derechos humanos, de la declaración universal de los derechos del niño; del pacto de derechos civiles y políticos, el convenio de derechos humanos y el pacto de derechos fundamentales de la unión europea. Y por supuesto , el artículo 27 de la Constitución».

Esta deja meridianamente claro que «corresponde a los padres el derecho a la educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas». El Estado «lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho». Desde la Comisión se resume este artículo con la siguiente frase: «La libertad de educación es de los padres, el derecho de educación es de los niños, y la obligación de garantizarlo es del Estado». Y añade: «No existe ni el derecho ni la libertad de educación del Estado».

El Estado, concluye Francisco La Moneda, «se quiere atribuir la facultad de educar en valores, o de adoctrinar en ciertos principios o ideologías, a nuestros hijos, pero ese derecho no existe. El Estado no tiene derecho ninguno en este sentido».