La ley de universidades castigará a los colegios mayores que no sean mixtos

Coincidiendo con el sorteo de la lotería de Navidad, al comienzo de las vacaciones educativas y durante una jornada en la que también se aprobó la nueva ley del deporte o la ley trans, el Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con 176 votos a favor, justo el número de apoyos mínimo necesario para sacar adelante una norma orgánica.

Además del momento elegido, los expertos achacan a la LOSU ser una norma demasiado ideológica, que incluye propuestas de los partidos independentistas como el fomento y el uso de las lenguas cooficiales, que ellos llaman «lenguas oficiales propias de sus territorios» o la sustitución de expresiones como «nuestro país» y «territorio nacional» por la palabra «Estado».

Asimismo, una enmienda propuesta por Más País, e incluida en la ley, prevé que los colegios mayores privados no mixtos no puedan adscribirse a una universidad pública. Esto implicará que los centros exclusivamente masculinos o femeninos no puedan beneficiarse de exenciones fiscales como hasta ahora. El objetivo de los proponentes es, al parecer, combatir comportamientos sexistas.

El texto, que pasará ahora a su tramitación en el Senado, contó con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Teruel existe, los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos, CUP, PRC, Foro y Navarra Suma y las abstenciones de Junts, Bildu y Coalición Canaria.

«No voy a valorar si hay estrategia detrás del día elegido para sacar adelante la nueva ley, pero desde luego se ha hecho sin hacer demasiado ruido, lo que parece indicar que esta no será la norma que ponga en valor el papel tan importante que tiene la universidad para la sociedad», sostiene el exviceconsejero de Universidades de la Comunidad de Madrid, Alfonso González Hermoso de Mendoza, en conversación con Alfa y Omega.

En su opinión, el mayor problema de la nueva ley «es que está pensada hacia dentro». La LOSU «mira a los problemas internos de las universidades, y ofrece unas soluciones, que a algunos les gustará más y a otros menos, pero no mira hacia la relación de la universidad con la sociedad. No proyecta la necesidad de un cambio de relación y de percepción de la sociedad con su universidad».

Para el exviceconsejero esto tiene un grave peligro, porque «desde principios de siglo estamos viviendo un proceso de degradación de la universidad, en el que cada vez va perdiendo más relevancia, y esto no se ataja con la nueva norma». En el ámbito de la educación superior «se están produciendo unos cambios enormes en los últimos cinco años y la ley no responde a ellos».

Según Alfonso González, la norma sí acomete pequeños cambios de carácter administrativo, de carácter organizativo interno de la universidad, «pero no sabemos qué efectos van a tener a largo plazo», subraya. Por ejemplo: «¿Van a ir acompañadas las regularizaciones que plantea la LOSU de los profesores —que en situaciones veces cercanas a la ilegalidad han mantenido la universidad abierta en estos diez años—, de otras medidas que permitan atraer a la universidad a los jóvenes que tuvieron que salir para desarrollar su actividad docente e investigadora en las universidades del resto del mundo? Pues no lo sabemos. No está claro».

El experto también reflexiona sobre la propuesta de la ley sobre la ciencia ciudadana. «Suena interesante, pero si se queda en una simple declaración de intenciones y no se ofrecen recursos para intentar que la ciencia que se produce en las universidades se relacione directamente con las necesidades de los ciudadanos, pues puede quedar en agua de borrajas».

Por todo ello, el exviceconsejero asegura: «Me cuesta ver algún elemento interesante en la ley que de verdad piense que puede ayudar a cambiar las cosas de manera significativa. Más bien, se pretende poner parches sobre la situación actual. No hay ningún elemento que ilusione, parece más una ley que responde a unas necesidades político administrativas, que una ley que plantee un proyecto de futuro».