Luis Alfonso Zamorano: «No sé hasta qué punto hay un deseo de conocer la verdad»

¿Qué le parece la posible duplicidad de casos que presenta esta auditoría?
Efectivamente, creo que puede haber más rigurosidad. Pero hay que decir también que el plazo era muy escaso. En otros lugares se ha tardado hasta dos años y medio en elaborarlo. De todas formas, hay que dejar claro que las cifras no son lo más importante. Es una cuestión difícil de determinar, porque hay quien opta por el silencio, otros han fallecido… Pero el documento sí deja en evidencia que la magnitud del daño es enorme, en la Iglesia y en la sociedad.

¿Qué déficits ve en este texto?
Desde el inicio, muchas víctimas sintieron que era como «un lavado de cara». La elección del bufete Cremades & Calvo-Sotelo no suscitó confianza. Y el asunto de la confianza es una de las primeras heridas que deja el tema de los abusos; por eso hay que ser exquisitos. Ser neutrales y parecerlo. Otros puntos negativos fueron la forma de comunicación, hablando de las víctimas como «afectados», y la dificultad para contactar por correo electrónico. No existía una información clara, accesible y permanente. Tengo serias dudas de hasta qué punto ha habido un auténtico deseo de hacer resplandecer la verdad. En mi opinión, ha sido una oportunidad perdida.

¿Percibe también elementos positivos?
Lo primero es que han escuchado a 95 víctimas. Darles voz y visibilizar su sufrimiento, que tiene rostros concretos, siempre es positivo. Por otro lado, el informe se detiene en explicar por qué la Iglesia sí debe ser investigada, desmontando así todas las posturas defensivas que piensan que esto es un «error histórico» o que «supone una discriminación porque solo se habla de las víctimas de la Iglesia». También dedica todo un capítulo —el quinto— a fundamentar, desde el punto de vista del derecho y de la responsabilidad moral por qué la Iglesia sí debe ofrecer una reparación integral a las víctimas, incluso aunque el delito esté prescrito, que incluya el resarcimiento económico. Cabe preguntarse por qué esta insistencia en la reparación. ¿Será que la auditoría ha percibido que no existe esa convicción y se piensa que basta con aplicar unas penas al agresor y pedir un perdón genérico? Asimismo, me parece muy positiva la propuesta de crear una comisión independiente y externa a la Iglesia para concretar, caso a caso, las vías posibles de reparación, también en aquellos casos en los que el delito ha prescrito. Por último, destacaría el repaso que hace del magisterio de Benedicto XVI y de Francisco, lo cual es muy interesante para ver el progreso en este ámbito, y la explicación que da sobre lo que significa la dimensión del trauma que deja los abusos en las víctimas. Se nota que han hablado con expertos en la materia.

Otra de las propuestas es la creación de una comisión de prevención.
Es fundamental ofrecer garantías de no repetición. Esto es un clamor de los supervivientes. Es verdad que en el tema de la prevención y formación es donde más hemos avanzado. Aunque todavía hay muchas parroquias y espacios eclesiales en los que apenas se habla del tema y en los que sigue sin haber programas de formación serios ni delegados para la prevención en las actividades con menores, etc. Y no digamos lo mucho que aún nos falta en el tema de los abusos de conciencia y de autoridad.

Le quiero preguntar por último por el tema del encubrimiento.
Aquí el informe es muy claro y, a lo mejor, por eso, fue tan fríamente acogido por la Conferencia Episcopal Española. Dice que, «si bien la cifra de los abusos es muy difícil de determinar», de lo que «no existen dudas es que, en general, la posición de la Iglesia ante este fenómeno ha sido el ocultamiento». Y añade que «se han tratado estos casos con grave negligencia […] en ocasiones con prepotencia». Incluso el documento incide en la responsabilidad penal de las autoridades que no actuaron como corresponde. Es decir, se pone el dedo en la llaga al desvelar la «cultura del encubrimiento» denunciada tantas veces por el Papa Francisco. Hemos pedido perdón por los abusos, pero no sé si lo hemos hecho por este abuso de potestad, y menos si se ha asumido —o se está dispuesto a asumir— la responsabilidad por ello.