Ludovic Trolle: «La subsidiariedad depende de nuestras decisiones diarias»

Después de más de un año de crisis, «el sistema político y el Estado no han respondido a las expectativas». Esto ha alimentado a los movimientos populistas, y ha llevado a muchos países a una especie de «posdemocracia», advierte Ludovic Trolle, presidente del Instituto ético y político Montalembert. Esta institución francesa intenta hacer de puente entre expertos y responsables políticos para promover el bien común desde la doctrina social de la Iglesia. Algo más necesario que nunca, pues las ideologías han reducido «la acción política actual a la lucha por el poder». Su apuesta es una sociedad subsidiaria, en la que la iniciativa privada gane peso frente al Estado.

Afirma que, por la gestión de la pandemia, «la desconfianza de los franceses hacia las instituciones nunca ha sido mayor». ¿Por qué?
Hoy, sobre todo después de la crisis sanitaria que atravesamos, con todas las restricciones y limitaciones impuestas, la libertad de los ciudadanos está en peligro. Estos expresan a diario su desconfianza, de forma colectiva e individual. Se ha desarrollado una forma de vigilancia ciudadana hacia las instituciones que puede llegar hasta la desobediencia civil. Observamos un grave deterioro de la práctica democrática y tememos no poder recuperar todas nuestras libertades cívicas. Esto podría constituir un peligro real el día de mañana.

¿Es algo generalizado?
Ante el desorden general, en Europa la ideología dominante ha utilizado el estado de emergencia sanitaria para consolidar, a través del miedo, un poder cada vez mayor y más concentrado, que cada vez ejerce más fuerza con menos resistencia. Este efecto se produce gracias a un acuerdo entre los distintos poderes establecidos, que piensan que pueden actuar sin la aprobación del pueblo. El resultado es un nuevo despotismo, más anónimo y suave pero más dañino. Por eso creemos que la democracia está en peligro.

Ante esta amenaza, vemos que el debate político se desarrolla con frecuencia como un conflicto entre el poder central y los poderes regionales, en función del color político de cada uno.
La crisis sanitaria y su gestión nos han dejado una certeza: el mundo de después tendrá que basarse en un sistema político totalmente reformado. Es una observación muy triste y muy preocupante, sean cuales sean nuestras opiniones políticas. La exasperación popular acumulada durante años no ha encontrado en la gestión de la crisis sanitaria razones para reducirse. El sistema político y el Estado no cumplieron con las expectativas. Los franceses han visto la incapacidad del presidente, en su excesivo centralismo, para reaccionar y dirigir el país. Ya no quieren esto. Ya no se trata de impaciencia; es rechazo. Ningún presidente o gobierno en la historia de república francesa ha sido tan sordo a las demandas populares. De ahí el surgimiento, como en otros lugares, de movimientos populistas.

La alternativa que ustedes proponen es un sistema subsidiario. ¿Se puede construir en una sociedad polarizada entre estatismo e individualismo?
Debemos emprender una transformación radical de la relación entre el Estado y la sociedad, apoyándonos en esta última para reformar los servicios públicos. La sociedad subsidiaria es una revolución cultural por la cual las personas, en su vida cotidiana, en su hogar, en sus barrios, en el trabajo, deciden no recurrir sistemáticamente a las autoridades para resolver sus problemas, sino que se sienten libres y capaces de actuar para acudir en ayuda de quienes les rodean.

Son personas que crean nuevas escuelas de calidad; empresas que ayudan a la gente a capacitarse para encontrar trabajo, u organizaciones benéficas que ayudan a los delincuentes a reinsertarse. Es la forma de liberación más importante, la más formidable redistribución del poder de las elites a los ciudadanos. Su éxito dependerá de las decisiones diarias de millones de personas: de que entreguen su tiempo, su energía e incluso su dinero por causas que les conciernen.

Ya hay personas que se asocian, que intentan hacer barrio o ciudad comprando en el pequeño comercio y con proyectos de ayuda mutua; y empresas de economía social. A menudo son opciones minoritarias. ¿Es suficiente para construir este nuevo modelo social?
En nuestra opinión, no. También es necesario redefinir en profundidad el papel de un Estado moderno, que se transforme de un simple sostén económico a un catalizador del capital. Necesitamos un Estado estratega, coordinador, que sepa aportar lo que los órganos intermedios no pueden, dando una mínima homogeneidad al país y garantizando que cumple sus funciones soberanas. En educación, innovación social y salud se pueden lograr resultados dejando que la sociedad civil tome la iniciativa.

Ahora es el momento de ser audaces, de intentar algo más que simplemente arrojar montañas de dinero al pozo sin fondo de programas gubernamentales que están fallando. Y esto implica un nuevo enfoque de lo que es el Gobierno. Este no puede quedarse con los dos pies en el mismo zapato, sino que debe fomentar y apoyar una cultura de voluntariado, donación y acción social.

¿Cómo promueven esto desde su instituto?
Proponemos que tras las elecciones de 2022 se convoquen unos Estados Generales del Bien Común e invitar a los responsables de las instituciones a escuchar a los sectores profesionales, a las asociaciones, a los empresarios y a funcionarios locales que tratan con los actores sobre el terreno. Y también a proponer métodos para apoyar más a las iniciativas que avancen en la dirección del bien común, y así ajustar mejor la intervención pública.

¿Está preparada para este salto una sociedad en la que muchas veces solo se reacciona cuando algo te afecta o no se entiende la relación de libertad y responsabilidad?
La libertad otorgada al pueblo es ilusoria, además de incompleta. Esta ausencia de libertad real es contraria, según nuestro análisis, a los principios cristianos de caridad y fraternidad. El cristianismo enseña el amor al prójimo y la justicia, así como la aspiración a la fraternidad universal. Por ello, hemos decidido llevar adelante la defensa de la libertad y la igualdad en nuestra sociedad protegiendo a los más vulnerables y asegurando una mejor distribución de la riqueza. Para la liberación social de los más pobres, es importante que estemos libres de ideologías y de toda forma de tutela, incluida la del Estado.

Partimos de una idea de libertad que no es la de la libertad individual absoluta. Esta deja al individuo, especialmente al más pobre, solo frente a la omnipotencia de un Estado opresor. Nosotros consideramos la libertad como la inviolabilidad de la persona humana, la independencia de la familia y de todas las comunidades que están en la base de la nación. Oponiéndonos a la centralización, reivindicamos la libertad de asociación, la libertad de los órganos intermediarios. El tema principal de nuestra lucha actual es el tema de la libertad de educación. Es a través de ella como podemos fomentar la responsabilidad entre los ciudadanos.

¿Cómo habría gestionado la pandemia una sociedad subsidiaria?
Si nos hubiéramos tomado en serio el peligro, especialmente con una vigilancia específica, se habría pagado un precio mucho más bajo. En Francia, esta vigilancia existía desde 2006 dentro de una organización de la sociedad civil para hacer frente al riesgo de la gripe A; pero se detuvo en 2010. Asimismo si hubiéramos anticipado, como los israelíes, la necesidad de preparar la logística de las vacunas con mucha antelación no estaríamos como ahora, sin haber hecho lo suficiente y, esto, demasiado tarde.

Teníamos los medios: dinero ilimitado proporcionado por los bancos centrales y los estados. Solo era necesario usarlo bien, para prevención y tratamiento, no de manera ciega y a veces ilógica. Por ejemplo, se mantienen artificialmente con vida empresas moribundas que se deberían intentar reconvertir.

Piden «programas de reorientación» de la economía para salir de la crisis. ¿No es algo demasiado intervencionista, contrario a la subsidiariedad?
No se trata aquí de defender el principio de subsidiariedad sino su corolario, el de soberanía. El Estado tiene un rol de estratega que debe anticipar mejor los riesgos. Ahora es necesario reorientar los sectores afectados de forma más duradera por la crisis hacia los que serán más necesarios en el futuro, y eso se puede lograr remunerando a los empleados no por no trabajar, sino por capacitarse; lanzando proyectos industriales, o reubicando la producción en sectores que hemos pasado por alto como sanidad, educación, energía limpia, alimentación, agua, reciclaje, cultura, seguridad, y muchos otros.