Los obispos de Perú llamaron el lunes «a la serenidad» a los manifestantes que desde el fin de semana protestaban violentamente contra la presidenta Dina Boluarte y la destitución de su predecesor, Pedro Castillo. Las protestas se han saldado hasta el momento con siete muertos, dos de ellos menores de edad, informó la defensora del Pueblo Eliana Revollar.
«La violencia no es la solución a la crisis ni a las diferencias. ¡No más hechos de violencia, no más muertes! ¡El Perú debe ser nuestra prioridad!», concluye el comunicado que hizo pública la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) el 12 de diciembre. Los reclamos de los partidarios de Castillo, afirma, «cuando justos, deben ser escuchados». Pero deben expresarse «sin violencia».
A raíz de la convulsión social, informa EFE, el Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Es en esta región donde el expresidente Pedro Castillo tiene más apoyo. Allí se concentran también la mayoría de los 25 cortes de carreteras, incluidos dos en la autopista panamericana.
Contra el «desgobierno»
«Hacemos una apremiante invocación a construir puentes de diálogo», insisten los obispos, dirigiéndose a los manifestantes. A la Policía y al resto de las Fuerzas de Seguridad, les piden «actuar en el marco de la ley, velando por la integridad de las personas». A los líderes políticos, y sobre todo a los miembros del Gobierno y del Congreso, los exhortan a «preocuparse por la institucionalidad, el orden democrático, el debido proceso y el bien común de todos los peruanos, especialmente de los más desprotegidos».
En consonancia con esto, todas las instituciones deben procurar «la estabilidad del país, porque no podemos darnos el lujo de un desgobierno». «Nuestro querido país no debe continuar en la zozobra, el miedo y la incertidumbre. Necesitamos diálogo sincero, calmar los ánimos para proteger nuestra débil democracia, conservar la institucionalidad y mantener la fraternidad de nuestro pueblo».
El día siguiente al intento de autogolpe de Estado protagonizado por Castillo, el cardenal Pedro Barreto, vicepresidente de la CEP, había pedido a la nueva presidenta, Dina Boluarte, que gobierne para todos los habitantes del país. También describió como una victoria de la democracia y «una gran lección» la destitución de Castillo. «Estoy, de alguna manera, un poco más aliviado», afirmaba Barreto. «El país ya no resistía esa situación de ingobernabilidad y de evidente signos de corrupción».